La creación de una fiscalía anticorrupción en Euskadi, gran asignatura pendiente

«Las fiscalías provinciales, donde se ventilan más del 80% de las causas de corrupción, se encuentran ante una precariedad de medios materiales y humanos que hacen que afrontar una causa de estas características sea una tarea poco menos que titánica y, en muchos casos, destinada al fracaso (...) Es descorazonador». Lo era y lo sigue siendo. Poco se ha hecho desde entonces.

Hace sólo un par de meses, el propio Izaguirre se reivindicó al ser preguntado sobre las declaraciones de ciertos partidos asegurando que Euskadi es un oasis en lo referido a la corrupción. «Me parece que denota una bajeza moral muy preocupante», aseguró. «En toda sociedad organizada existe la corrupción y el que diga que no la hay, me da igual en Euskadi que en Inglaterra que en Noruega, es un cínico o un ignorante (...) El problema es que quede impune», zanjó.

Ahora, tras conocerse el histórico fallo del martes (es recurrible ante el Supremo), las reclamaciones de Izaguirre y sus colegas en el Ministerio Público cobran más vigencia que nunca. Todo vuelve al punto de partida. Hace cinco años, cuando era fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce, el Consejo Fiscal se reunió en el País Vasco para estudiar la creación de un fiscal especial para la corrupción en Euskadi.

La propuesta la defendió sin éxito Calparsoro. Pero entonces existían muchas dudas sobre si el número de asuntos justificaba la puesta en marcha de un órgano específico dependiente de la Fiscalía Anticorrupción. Un número pequeño si se contrastaba con la proliferación de escándalos en la costa mediterránea y en el sur de España ligados a pelotazos urbanísticos y a la persecución de mordidas en la contratación pública en las últimas décadas.

A diferencia de Cataluña, Madrid, Valencia, Baleares e incluso La Coruña, en Euskadi sigue sin establecerse esta pieza clave para la investigación. La figura la suple la existencia de fiscales delegados para delitos económicos en la tres fiscalías provinciales que no dependen directamente de la Fiscalía Anticorrupción pero que sí están coordinados entre sí. La fiscal general del Estado, María José Segarra, nombró en febrero de este año a José Manuel Ortiz Márquez, delegado en Bizkaia, como primer coordinador en Euskadi contra los delitos económicos, categoría donde se agrupan los casos de corrupción. Era una figura reclamada hace tiempo e incluso el Parlamento vasco había demandado formalmente su puesta en marcha.

No obstante, el debate sobre el alcance de los medios sigue abierto en canal. La actual fiscal jefe, Carmen Adán, ha planteado en algunas entrevistas su queja por la «falta de cooperación» de la Administración, «reacia a colaborar y a dar daros a la jusrisdicción penal».

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis Ibarra, lo tiene claro: «Es mejor prevenir la corrupción que combatirla, la corrupción se previene mediante la ética institucional y la transparencia en la actuación pública. Para combatir la corrupción sigue sirviendo el viejo refrán: más vale ser recto y estar recto antes de que te ponga recto la Justicia».