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La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, se reunió el pasado 9 de enero con la cúpula del Gobierno vasco para trasladar «una preocupación creciente». A su juicio, «hay presos etarras que están accediendo al tercer grado que no están arrepentidos». Ese es el motivo por ... el que esos reclusos «son reivindicados por la izquierda abertzale y Sortu les organiza actos». Para Ordóñez, «si no se desvinculan de la izquierda abertzale está claro no están arrepentidos».
El Gobierno vasco ha otorgado 61 terceros grados en 2023, aunque una decena de ellos son segundas solicitudes después de que hayan sido revocados por la justicia. «La ley dice que deben cumplirse unos requisitos. Lo que está cambiando es cómo se acreditan esos requisitos», advierte Ordóñez, que aconseja no fiarse de «que pueda estar arrepentido alguien por escribir una carta cuando sigue estando en la izquierda abertzale y Sortu se sigue manifestando por él».
A la reunión con Ordóñez acudió toda la cúpula de la consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, liderada por Nerea Melgosa. Los viceconsejeros Rodríguez Ranz y Ana Agirre, y el principal asesor penitenciario, Jaime Tapia. Allí Ordóñez exigió «una declaración pública de desvinculación de la izquierda abertzale que preceda a la concesión del tercer grado». Los responsables de Justicia le trasladaron que no es posible. «Es increíble que nos digan que no se les puede exigir una desvinculación y que además podrían sufrir represalias de ese mundo. ¡Me hablan a mí de represalias que tengo que vivir en Valencia!», se dolió en declaraciones a este periódico.
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