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Se ha promulgado ya el Real Decreto-Ley 32/2021 sobre la reforma laboral. La figura del decreto-ley está contemplada en el artículo 86 de la Constitución, donde se faculta al Ejecutivo para dictar normas con rango de ley, constituyendo una excepción a la ... norma general que atribuye a las Cortes la potestad legislativa. De ahí que se imponga a esta figura una triple limitación: que la regulación sea de «extraordinaria y urgente necesidad»; que no pueda referirse a materias excluidas; y, por último, su carácter de «norma provisional». El decreto-ley ya está vigente, pero precisa superar el trámite de convalidación para que deje de ser provisional. Existe un plazo de 30 días para que el Congreso se pronuncie. Es un debate de totalidad donde no cabe introducir modificaciones y el voto negativo se entiende como derogación. Si los votos favorables son superiores a los contrarios, se entenderá convalidado el real-decreto. En caso contrario, desaparecerá del ordenamiento. Si el Congreso lo convalida, en ese instante, cualquier grupo puede pedir que se tramite como un proyecto de ley. En tal caso, se someterá a votación requiriéndose mayoría simple. Aprobada la solicitud, el decreto-ley se tramitará como proyecto de ley, donde ya no serán admisibles las enmiendas a la totalidad.
Sirva todo lo anterior para situar sobre el tablero el margen de actuación que tienen los diputados para examinar las consecuencias que se pueden derivar de sus actos. Para todos aquellos grupos que entienden que la reforma es necesaria pero consideran que el decreto-ley es muy insuficiente (ERC y Bildu, entre otros) o insuficiente en algunas materias (PNV), la posición contraria a la convalidación es un auténtico contrasentido, pues si con su voto negativo contribuyeran a la derogación, tendrían que hacerse cargo de las consecuencias y aceptar que en esta legislatura no habría ya ninguna posibilidad real para abordar una reforma de mayor calado. Las consecuencias serían muy graves, pues en aras de conseguir lo mejor, despreciando lo bueno, se estaría contribuyendo al mantenimiento del marco laboral actual tan denostado por ellos. De ahí que carece de todo sentido que ERC y Bildu puedan alinearse con PP y Vox en la votación. Tampoco es razonable que el PNV advierta de que en este momento su posición es votar no.
Siendo legítimas y positivas algunas de las modificaciones que estas formaciones quieren introducir, lo congruente es pactar con el Gobierno la tramitación del decreto-ley como proyecto de ley tras la convalidación, abriéndose así el periodo para la negociación de aquellos aspectos que puedan mejorar la reforma, sin que se destruyan los consensos actuales. Es esta una cuestión a tener en cuenta por todos. También los sindicatos y los empresarios, pues siendo su intervención imprescindible, tienen que admitir que no reside en ellos la potestad legislativa. El progreso social y económico que ha logrado consolidarse a lo largo de la historia ha venido casi siempre del consenso entre clases sociales, de la capacidad de transformar la confrontación legítima en acuerdo social. Ese es el reto, conseguir un marco laboral consensuado.
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