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La fiscalidad acapara el debate político. Mejor dicho, el ruido político. Porque ojalá fuera un verdadero debate. Un intercambio de argumentos merecedores de tal nombre, basado en datos sólidos y elaboradas explicaciones, en lugar de frases de brocha gorda lanzadas como armas arrojadizas contra el ... adversario. Al bulto. Sin matices. Plagadas de exageraciones. Lo que, llevado al extremo, dispara el riesgo de caer en contradicciones.
Habíamos quedado en que bajar los impuestos era de derechas y subirlos de izquierdas (eso está generalmente aceptado, aunque no se puede prescindir del contexto económico). El discurso oficial del Gobierno viene a resumirse en que reducirlos -la apuesta del PP, que ha eliminado el de Patrimonio en Madrid y se dispone a hacerlo en Andalucía- es propio poco menos que de desalmados a los que no importa destinar menos recursos a la enseñanza y la sanidad públicas porque ni creen en ellas ni les importan. Pareciera que el único camino fiscal que puede emprender un Ejecutivo progresista es el de aumentar y aumentar los tributos. Todos los que pueda. Todo cuanto pueda. Cuanto más, mejor.
En esas estábamos cuando el socialista Ximo Puig anunció ayer una rebaja del IRPF en la Comunidad Valenciana para las rentas de hasta 60.000 euros anuales. Una medida que contrasta con los mensajes del Gobierno y del PSOE en los últimos días. Ni La Moncloa ni Ferraz se molestaron en ocultar que les ha gustado entre nada y menos porque desmonta en parte la campaña en marcha para desgastar al PP.
Claro que a Puig la campaña que realmente le importa es la que le permita ser reelegido en las urnas en mayo. De ella, como es obvio, forma parte esa decisión, adoptada poco después de que él mismo pidiera penalizar a las autonomías que siguieran esa senda. El PSOE ya tenía complicado explicar por qué acepta deflactar el IRPF en Euskadi, donde ha cedido a las demandas del PNV, y no en el resto de España, donde aduce que esa medida «beneficia a los ricos». Ahora se encuentra con otro obstáculo.
Lo del PP también tiene lo suyo. De un partido que es alternativa de Gobierno se espera que, de cara a la opinión pública, su programa económico no quede reducido prácticamente a dos palabras: menos impuestos. Como si esa fuera la fórmula mágica para resolver todos los problemas del país. Como si los servicios públicos se pagaran solos. Como si Rajoy no hubiese decretado un hachazo fiscal.
Los populares no están exentos de contradicciones. Lo es rebajar los impuestos y reclamar más recursos al Estado. Además, si tan saludable es eliminar el de Patrimonio, ¿por qué hasta ahora solo lo ha hecho Madrid y anunciado Andalucía? ¿Por qué Alberto Núñez Feijóo apenas lo bonificó un 25% en Galicia, que ahora llegará al 50%? ¿Por qué no le secundan sus otras comunidades?
Con todo, no es cierto que el Gobierno no baje impuestos. Ni que no presuma de ello cuando lo hace. Ahí están los ejemplos de los que gravan la electricidad y el gas (este último, tras resistirse durante meses a las demandas del PP). Por cierto, una medida, como el descuento de 20 céntimos a los carburantes, que no hace distingos entre pobres y ricos.
Bienvenido sea un debate sobre la fiscalidad. Pero, por favor, con un poco de altura y menos demagogia por doquier.
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