Un constructor reconoce que pagó una obra a De Miguel porque era diputado foral

Salvo esta excepción, que por la cantidad correspondiente y el tiempo transcurrido desde entonces ya no se puede considerar delito, los tres han trazado la historia de tres víctimas de la crisis económica sin apenas tacha. Los empresarios porque cerraron sus respectivas constructoras y en el caso de ella -responsable de llevar las cuentas de Kataia y Errexal, colocadas en el centro de la supuesta trama- se vio arrastrada por los correspondientes impagos. Y eso que hasta hace poco los letrados de Jon Iñaki Echaburu y Aintzane de Miguel se habían prestado a reconocer acciones que se les imputan a cambio de ver reducida la petición de penas por parte de la Fiscalía. «Yo no he hablado para nada con el Ministerio Público, lo que haya hecho mi abogada...», ha alegado Hierro, para quien Izaguirre reclama una pena de cárcel de siete años que bien podría verse reducida si este conato de confesión corresponde a un pacto.

Pero este veterano constructor se ha intentado disculpar con que este «adelanto» de dinero, que a ambos les supondría ventajas fiscales con el IVA y el impuesto de sociedades, 'Txitxo' (como todos llaman al antiguo burukide) «no me podía ofrecer nada, pero siempre es bueno». Lo cierto es que la influencia política de Alfredo de Miguel era considerable en aquella época ya que ocupaba la cartera de Administración Local, equivalente a Urbanismo y que se encargaba de 'mimar' a los pueblos del territorio histórico, y si nada se hubiese interpuesto en su trayectoria estaba llamado a sustituir a Iñaki Generabarrena al frente del Araba buru batzar (ABB). Según su versión, esto no le sirvió para que se le abrieran las puertas de ninguna adjudicación y eso que había logrado presentarse con tres empresas de su entorno (Construcciones Hierro López de Arbina, Ezkibel y Etxezilu) a un concurso público en la Llanada alavesa.

El arrepentido Prudencio Hierro ha detallado cómo pagó las obras de la casa de la localidad vizcaína de Gorliz y De Miguel, con quien mantenía una relación «muy cordial», se lo devolvía a través de «distintas disposiciones en efectivo». A través de esta treta de dudosa ética, más aún cuando ocupaba un cargo en el Gobierno foral presidido por el jeltzale Xabier Aguirre, se ahorró 6.140 euros en concepto de IVA.

En el caso de Aintzane de Miguel y Jon Iñaki Echaburu, su declaración no ha distado en exceso de los planteamientos iniciales de sus respectivas defensas. La hermana de 'Txitxo' era la encargada de mecanizar los temas contables de Kataia Consulting -que en la fase de instrucción fue calificada de empresa 'pantalla'-, Errexal, Eskalmelo y Ortzi Muga, y ha insistido en poner en duda sobre la legalidad de cómo se recogió como prueba su ordenador de trabajo y también cómo se le tomó declaración durante la investigación.

Echaburu, por su parte, se ha forzado en cargar con dureza contra Ainhoa Alberdi, la abogada urbanista que fue su socia en Urbanorma Consulting y que en 2009 entregó a la Fiscalía una grabadora que fue el hilo del que se tiró hasta descubrir esta compleja red en la que destacan exdirigentes y militantes del Partido Nacionalista. Se ha percibido un discurso sin grietas, pero lo cierto es que sólo ha accedido a responder a las preguntas de su abogado por lo que, en buena medida, parecía preparado. De cualquier manera, su versión buscaba negar el supuesto pago de comisiones del 4% a Kataia por la adjudicación de obras en las localidades alavesas de Lapuebla de Labarca y Zigoitia. Para este constructor se solicitan once años de cárcel.