El Constitucional tumba la prioridad del euskera en los ayuntamientos vascos

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Alberto López Basaguren

El pronunciamiento del TC extiende el largo goteo de sentencias que en los últimos meses vienen cuestionando el proceso de normalización lingüística emprendido por las instituciones vascas. Una sucesión de resoluciones judiciales que, tras poner coto a la exigencia del euskera en casos concretos de varios ayuntamientos y diputaciones, ahora da un paso cualitativo. No en vano, supone recortar una ley de trascendental calado político como la de Instituciones Locales, aprobada en 2016 tras décadas buscando un acuerdo que parecía imposible.

La norma en cuestión, ratificada con los votos de PNV y EH Bildu durante el primer mandato de Urkullu, prendió la mecha de la polémica desde el comienzo; entre otras cuestiones, por su apartado lingüístico. El artículo 6 estableció el euskera como «lengua de trabajo de uso normal y general» en las entidades locales. El Gobierno de Mariano Rajoy amagó con llevarlo al TC, pero un acuerdo con el Ejecutivo autonómico, coincidiendo con una negociación presupuestaria con los jeltzales en Madrid, desactivó el recurso. La controversia regresó con fuerza en 2019, cuando Lakua aprobó el decreto que desarrollaba parte de dicha norma. Entonces el PP, ya fuera de La Moncloa, desempolvó su rechazo al texto con un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) al que posteriormente se sumaría Vox.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, presidida por el juez Luis Garrido –convertido en azote judicial del Gobierno vasco– observó indicios de inconstitucionalidad y decidió elevar la cuestión al TC en septiembre de 2021. En concreto, alertó sobre el precepto 6.2 de la ley, que permitía que los ayuntamientos redactaran documentos de funcionamiento interno (convocatorias, órdenes del día, mociones, propuestas de acuerdo, actas...) exclusivamente en euskera excepto en el caso de que algún miembro de la entidad pudiera «alegar válidamente el desconocimiento» de dicho idioma.

Casi dos años después de recibir la consulta, el Pleno del TC, con mayoría de magistrados progresistas, confirma la tesis de la anterior instancia. La sentencia, cuyo ponente ha sido el conservador César Tolosa, concluye que exigir el desconocimiento probado del euskera para poder recibir un documento oficial en castellano pone en jaque los derechos lingüísticos: «Ocasiona un desequilibrio injustificado y desproporcionado del uso del castellano por establecer formalidades o condiciones para que los representantes de los entes locales puedan ejercitar su derecho a la libre opción». Es por ello que declara inconstitucional y anula dicha exigencia.

El fallo explica que los ayuntamientos, «como poder público, no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales». El ponente recuerda que la Constitución «no se opone a la adopción de una política enfocada hacia la defensa y promoción de la lengua cooficial» e incluso se refiere a «la necesidad de proteger y respetar las distintas modalidades lingüísticas de España como parte de nuestro patrimonio cultural». Ahora bien, lo que la Carta Magna no permitiría es otorgar normativamente un trato prioritario a un idioma oficial frente a otro que también lo es.