Consenso político y desbloqueo institucional

Se ha puesto fin así a un escandaloso bloqueo provocado por el empeño de la mayoría de los vocales de seguir el perverso sistema de cuotas entre conservadores y progresistas según el cual cada bloque presentaba a un candidato y debían respaldarse mutuamente. Los vocales de obediencia gubernamental pretendían que el otro «bloque» respaldase a su candidato y no aceptaban su veto. Finalmente se ha impuesto la razón constitucional que exige necesariamente la posibilidad de vetar a cualquier candidato que no haya sido consensuado. Gracias a los paradójicamente denominados por algunos «vocales rebeldes», la Constitución se ha cumplido.

De esta forma, la renovación parcial por tercios del TC ha quedado desbloqueada y cabe prever que el Gobierno desista de llevar a cabo las modificaciones que pretendía de la LOTC y criticadas por la Unión Europea. No parece, sin embargo, que vaya a renunciar a su propósito de nombrar como magistrados (los dos que cada nueve años corresponde nombrar al Ejecutivo) a dos personas directamente vinculadas a él (un exministro y una exdirectora general). El presidente del TC ha convocado ya un Pleno para verificar la idoneidad de los cuatro nuevos magistrados.

La buena noticia de la renovación del Tribunal Constitucional no debe hacernos olvidar que persiste el bloqueo del CGPJ con consecuencias gravísimas en tanto que decenas de puestos en la alta judicatura están sin cubrir. En este contexto es obligado que el Congreso y el Senado -órganos constitucionales que deben elegir cada uno a diez vocales del CGPJ- escuchen los requerimientos del Rey y de la Unión Europea y renueven a la mayor brevedad la institución. Pero no de cualquier forma, no por el inconstitucional sistema de cuotas, sino por consenso. No es tan difícil: basta ir proponiendo nombres y aceptar el veto a aquellos que no suscitan el respaldo mayoritario.