El Consejo de Europa muestra su «grave preocupación» por los malos tratos que, según su evaluación, existen en algunas cárceles españolas. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) sostiene que los funcionarios de prisiones recurren a la violencia ante el «comportamiento recalcitrante» ... de los presos más violentos.
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Miembros del comité visitaron las cárceles de Castellón II, Madrid V y VII, Sevilla II y Valencia Picassent en septiembre del pasado año y en su informe afirman que si bien la mayoría de los presos entrevistados no denunciaron malos tratos y consideraron adecuado el trato de los funcionarios, sí se refirieron a «una serie de agentes» que buscarían imponer su autoridad con un comportamiento excesivo.
El CPT habla de «un gran número de denuncias consistentes y creíbles de malos tratos recientes del personal», con alusión expresa a golpes en la cabeza y el cuerpo, puñetazos, patadas y golpes con porras e incluso en las plantas de los pies. «En unos pocos casos», se añade, las denuncias de malos tratos fueron respaldadas por lesiones físicas observadas por la delegación o anotadas en los registros médicos.
«Los resultados demuestran que todavía existe un patrón de malos tratos físicos infligidos por los funcionarios de prisiones como una reacción desproporcionada y punitiva al comportamiento recalcitrante de los presos», se plantea en el documento de este comité vinculado al Consejo de Europa, un organismo supranacional ajeno a las instituciones de la Unión Europea.
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El comité «observa positivamente» la reducción de la tasa de población carcelaria de 133 a 117 internos por cada 100.000 habitantes entre 2016 y 2020, fruto del aumento de las sanciones no privativas de la libertad y la reducción de la duración de las penas. También destaca que las condiciones materiales en las cárceles visitadas podrían considerarse «adecuadas en los módulos de régimen ordinario y buenas» en los módulos de «respeto».
Pero también expone en sus conclusiones que las autoridades españolas deberían «proceder de inmediato» a la preparación del traslado de la atención sanitaria penitenciaria al servicio nacional de salud, según lo previsto en la Ley 16/2003. La transferencia, entre otras cosas, «reforzaría la atención continua con la comunidad y garantizaría la independencia del personal sanitario».
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