El Congreso da luz verde a la comisión de reconstrucción sin acuerdo entre PSOE y PP

«Presidir la comisión sería un buen síntoma de unidad», arguyó ayer el líder del PP, Pablo Casado, que postuló para el puesto a la vicepresidenta segunda de la Cámara baja, Ana Pastor. El dirigente conservador es consciente de que la que fue su número dos en la lista del PP por Madrid está muy bien considerada por todos los grupos parlamentarios, además de contar con una hoja de servicios incontestable. Como ministra de Sanidad, Pastor gestionó otras pandemias como el SARS, mientras que como titular de Fomento tuvo que reactivar la economía productiva en 2011.

Los grupos parlamentarios tienen hasta mañana para presentar la composición del citado órgano y los populares tratan de negociar contrarreloj la candidatura de Pastor. Sería la última baza del PP para aceptar la comisión en los términos que piden los socialistas después de que todas sus pretensiones se quedaran fuera del texto registrado por el PSOE y Unidas Podemos el pasado viernes.

Los populares aspiraban a que dicho espacio de diálogo sirviese también para examinar la gestión del Ejecutivo durante la pandemia. En cambio, la propuesta de los socios de Gobierno plantea un foro en el que se reciban propuestas de los distintos grupos, se celebren debates y se acuerden conclusiones conjuntas sobre las medidas a adoptar para paliar las consecuencias de la emergencia sanitaria.

Los trabajos durarán además dos meses, de forma que en la primera semana de julio podrían estar configuradas las conclusiones. «Aún no se ha decidido ni la presidencia ni los trabajos a los que se va a dedicar la comisión», señaló la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

La formación conservadora no tira todavía la toalla e insistirá hasta el final para que la comisión examine las decisiones ya adoptadas por el Gabinete de coalición durante el estado de alarma. «No es una comisión de investigación», remarcó Álvarez de Toledo, que reclamó para el foro parlamentario «transparencia, solvencia e incluir el debate sobre libertades públicas».

El partido de Casado quiere además que en la comisión haya un capítulo dedicado a las libertades públicas, que, a su juicio, están en entredicho con el estado de alarma. «La nueva normalidad -aseveró Álvarez de Toledo-no puede ser a costa de las venerables libertades públicas y las garantías y derechos democráticos». La portavoz parlamentaria ve «un retroceso grave e inquietante de las garantías públicas», que revela, según ella, una «deriva autoritaria de izquierdas».

Los populares no serán los únicos que intentarán poner contra las cuerdas al Ejecutivo por su gestión de la crisis sanitaria. La formación de Santiago Abascal acudirá al foro «con ánimo de trabajar y colaborar» pero dispuesta a confrontar la «nefasta» gestión de Pedro Sánchez y su Gabinete. «Disponemos de la mejor Sanidad del mundo y de los mejores sanitarios, pero aún teniendo las mejores infraestructuras tenemos el peor resultado de la gestión de la crisis y eso tiene que ver con la gestión política del Gobierno», advirtió el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.