La mayoría de la investidura volvió a armarse ayer para avalar la política penitenciaria del Gobierno. Los focos apuntan al ministro Marlaska desde que se conocieran la semana pasada los contactos de su equipo con el entorno de los presos y el PP optó por ... elevar la presión. Sin éxito. El Congreso tumbó la batería de reformas legales planteadas por los populares para prohibir la celebración de 'ongi etorris' y evitar que los reclusos etarras puedan acceder al tercer grado penitenciario sin pedir perdón y colaborar con la justicia.
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PSOE, Podemos, PNV y Bildu encabezaron el frente del 'no' a una iniciativa que rechazaron por su fondo y por su forma. Reprocharon al PP su «utilización de las víctimas» y la «notoria desconfianza» en el sistema judicial y las juntas de tratamiento de las prisiones, las que secundan las progresiones de grado. Los populares ya contaban con la posibilidad de que su propuesta estrella en materia penitenciaria decayera a las primeras de cambio, pero no dejó pasar la oportunidad de cargar contra Sánchez por sus acuerdos con la izquierda abertzale. «Una traición de lesa democracia a la memoria de los muertos», lamentó Cuca Gamarra.
La propuesta del PP implicaba modificar cuatro leyes y un reglamento para zanjar las «lagunas» detectadas en la protección de las víctimas de delitos y, especialmente, las del terrorismo. La formación conservadora considera «intolerable» que los etarras vayan accediendo al tercer grado «sin que ninguno haya ayudado a esclarecer los más de 300 asesinatos pendientes» y pretendía que los delegados del Gobierno tuvieran la capacidad para prohibir la celebración de unos 'ongi etorri' que considera «agresiones a la dignidad».
En un debate de baja intensidad, con el Congreso semivacío y todos los representantes del Gobierno compareciendo a esa misma hora en el Senado, el socialista Miguel Ángel González acusó a Gamarra de «cruzar todas las líneas rojas de la decencia política» y recordó que la decisión sobre los 'ongi etorri' dependerá «siempre» de jueces y fiscales. También recordó que durante el Gobierno de Rajoy el número de excarcelaciones triplicaba al actual, pero «el PSOE no lo utilizó».
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PNV y Bildu también votaron en contra, aunque sus argumentos fueron diferentes. Más técnico el de los jeltzales -«tienen una visión represora que trata de restringir el modelo de individualización de las penas y plantean que las asociaciones de víctimas puedan entorpecer el correcto desarrollo de las sentencias», dijo su diputado Mikel Legarda-, y más político el de la coalición independentista.
Jon Iñarritu aseguró que su formación estará «a favor de todas las iniciativas que respeten y reconozcan a todas las víctimas», pero cargó contra el PP por una reforma legal «incoherente ahora que ETA no existe» y que, a su juicio, «se basa en el revanchismo y el odio».
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