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El Congreso apoyará seguir adelante con la tramitación de la proposición de ley presentada por el PNV para reformar la actual Ley de Secretos Oficiales, vigente desde los últimos años del franquismo. La decisión de avanzar en la reforma del texto vigente de 1968 ha sido respaldada este martes por los dos socios de Gobierno -PSOE y Sumar- y la totalidad de sus socios -ERC, Junts, EH Bildu y Podemos, entre otros- y rechazada por el PP y Vox. Los populares no se niegan a modificar algunos aspectos de la normativa actual, pero apuestan por un «debate sosegado». El aval a tramitar la proposición del PNV no significa que vaya a salir adelante, solo que empezará a debatirse. De hecho, el representante del PSOE ha anunciado su intención de apoyar la iniciativa jeltzale, «sin perjuicio de que podamos mejorarla», y sus socios han mostrado su escepticismo sobre cuál será su posición definitiva una vez avance la negociación en los próximos meses.
La petición de derogar la actual Ley de Secretos Oficiales, aprobada en 1968, viene de lejos. La pasada legislatura ya se intentó por varias vías. Pocos meses antes de las elecciones de julio, el Gobierno de Pedro Sánchez presentó su propio proyecto de Ley de Información Clasificada, considerado insuficiente por los nacionalistas y por partidos de izquierda y que tampoco pudo salir adelante por la disolución de las Cortes. Ese texto establecia que, desde la entrada en vigor de la ley, lo máximo que podría permanecer secreta una información sería 65 años.
«No existe la posibilidad de que algo esté clasificado de por vida», resumía el ministro Bolaños, que tildaba de «razonables» sus plazos. Sin embargo, ese calendario no sólo fue criticado por el PNV y otros partidos de la oposición, sino por el entonces socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, que ya prometia enmiendas para modificarlo.
Lo que tratan ahora los jeltzales es acelerar los plazos. De hecho, en cuanto arrancó la legislatura el pasado mes de agosto, la formación liderada por Andoni Ortuzar presentó la proposición cuya toma en consideración se debate en el Congreso. La propuesta jeltzale establece que se establezca un plazo de su vigencia que no podrá superar los veinticinco años para materias calificadas secretas y los diez años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años.
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