La condonación de la deuda catalana no afectará al Cupo vasco hasta 2027

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Paula De las Heras

Será por tanto a partir de 2027 cuando el Ejecutivo vasco, con la negociación de la nueva ley quinquenal, deberá preocuparse por este impacto, en el caso de que se produzca, algo que todavía no está del todo claro. En ese punto, advierten fuentes conocedoras de los entresijos del modelo vasco de financiación, las últimas reformas del Concierto Económico introdujeron mecanismos para reclamar compensaciones cuando el Estado hace transferencias extraordinarias a las comunidades de régimen común, si se financia con ello materias que han sido previamente transferidas. Hay partido, aunque a años vista.

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, señaló ayer en la comparecencia habitual tras el Consejo de Gobierno que vigilan el tema de cerca pero reconoció que todavía no hay un documento que desvele con detalle la fórmula que se va a emplear para perdonar esos 15.000 millones de deuda a Cataluña y la extensión de la medida al resto de comunidades de régimen común. Antes de sacar conclusiones claras, advirtió Zupiria, «necesitamos saber de qué manera va a afectar. Podría o no hacerlo a nuestra relación financiera».

En el seno del Gobierno vasco se respira tranquilidad en torno a este asunto y no hay urgencias. En parte, como señala una fuente interna que prefiere permanecer en el anonimato, porque «el Gobierno de Pedro Sánchez promete y firma muchas cosas que luego no cumple, de ahí que sea mejor esperar a ver negro sobre blanco el detalle». Pero sobre todo prima la seguridad de un sistema de cálculo del Cupo que tiene sus propios mecanismos para absorber las sorpresas. El acuerdo alcanzado sobre la metodología para fijar el cálculo del periodo 2022-2026, que se materializó el pasado mes de abril en un texto aprobado por el Congreso de los Diputados, blinda la aportación vasca al Estado durante este periodo. Tranquilidad hasta 2027.

Aparentemente, el Estado está dispuesto a asumir la carga financiera que supone la condonación de una parte de los 191.750 millones que le deben las comunidades autónomas de régimen común. Además de perdonar la devolución de 15.000 millones de euros a Cataluña -si se aplicase un criterio idéntico en todas las administraciones autonómicas estaríamos ante una cancelación de algo más de 38.000 millones- la decisión supone un ahorro en intereses en el entorno de 1.300 millones para la Generalitat y de algo más de 3.400 millones de euros para el conjunto de comunidades. Además, sería necesario determinar qué parte de esos intereses que ahora recaerían sobre el Estado y no sobre las comunidades se va a generar a partir de 2027, momento en el que entrarían en la ecuación del Cupo.

De cara a ese 2027 todo son especulaciones de salón a falta de un texto articulado. Incluso en un escenario de desacuerdo entre las administraciones vascas -por éste u otros motivos-, el impacto de la deuda perdonada por el Gobierno seguiría siendo nulo por tiempo indefinido. La actual Ley de Cupo tiene la capacidad de prorrogarse hasta que haya un acuerdo, sin que puedan introducirse modificaciones en el año base, añaden expertos en el peculiar sistema de financiación de la comunidad autónoma vasca.