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Ahora que el adiós de Pablo Iglesias parecía haber sacado a la figura del Rey de la bronca partidaria, va Isabel Díaz Ayuso y arma la marimorena al interpelar a Felipe VI, obligado constitucionalmente a firmar los indultos a los líderes del 'procés' «con arreglo ... a la ley». Un ejercicio formal del derecho de gracia del que, por cierto, no responde directamente el Monarca, sino del que son responsables, según el artículo 64 de la Carta Magna, las personas que los refrenden, es decir, el presidente del Gobierno.
Tiene razón, por lo tanto, el PP cuando, en su intento por sofocar el incendio avivado por la presidenta, insiste en que solo Pedro Sánchez es responsable del perdón a los políticos presos. Y, probablemente, es comprensible también la «extrañeza» del jefe del Ejecutivo ante las palabras de Ayuso. La presidenta madrileña, que ya confesó ante Bertín Osborne que no lleva bien que la interpreten en los titulares (los atascos, la contaminación), dejó claro ayer que ella no rectifica y le complicó un poco más la papeleta a Pablo Casado al desvelar que comparte la impresión de que Felipe VI está siendo «humillado». No hay que olvidar que en su célebre discurso del 3 de octubre de 2017 el Monarca censuró la «deslealtad inadmisible» de los hoy condenados y el quebrantamiento de los «principios democráticos». Graves palabras que seguramente convierten en trance amargo la rúbrica de los indultos y que hacen poco sospechosa a Ayuso, que brindó con Bertín por Felipe VI, de querer incomodarle o señalarle. Más bien parece que, en plena cresta de la ola de popularidad y vitoreada en Colón como lideresa popular de facto, quiso enviar un recadito a Génova.
No obstante, sorprende que los socialistas se rasguen las vestiduras ante la «temeridad» de Ayuso. Y sorprende porque nadie está libre de pecado en un país en que la crisis catalana se ha convertido desde hace tiempo en un arma arrojadiza que no se detiene ante nada, ni siquiera ante el peso simbólico de la Corona como alta institución del Estado, enfangada en el zafarrancho parlamentario. Fue el Gobierno de Sánchez el que vetó en septiembre pasado a Felipe VI en la tradicional entrega de despachos a la nueva promoción de la Escuela Judicial en Barcelona en la antesala de la inhabilitación del expresident Torra, en nombre de nuevo de la «concordia», la misma razón de Estado, maquiavélica en el sentido literal de la palabra, a la que ahora apela para indultar a Junqueras y compañía.
La contrariedad no disimulada de Zarzuela envalentonó al ala republicana del Gobierno que, por boca del ministro Garzón acusó al Rey de «maniobrar» contra el Gabinete. Los mismos socios morados, por cierto, que ahora siguen pescando en río revuelto y le invitan a «abdicar». Las costuras del 78, de nuevo, en tensión. Las cuadernas del Estado, al descubierto. No asoma la pretendida concordia pero tampoco el 'seny': el pago de los independentistas catalanes al gesto de Sánchez, que pisa el acelerador para que la canícula y el 'dolce far niente' hagan olvidar el asuntillo a los españoles, es un sonoro plantón al Rey.
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