ETA asesinó a diez concejales vascos en dos décadas y puso a más de 500 en su punto de mira

La realidad de los amenazados, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, es una de las cuestiones aún pendientes de abordar cuando se habla de hacer memoria sobre lo ocurrido en Euskadi durante décadas de terrorismo. El estudio del Gobierno vasco, que empezó a elaborarse a comienzos del pasado año, es una aproximación a este fenómeno. ¿Por qué se delimitó el ámbito temporal de estudio entre 1991 y 2011? Según explican sus autores, José Ramón Intxaurbe y Gorka Urrutia, en el informe «es sabido que a partir de los primeros años de los noventa la estrategia de ETA generalizó la persecución, llegando a expresar con posterioridad la idea de socialización del sufrimiento. Los representantes municipales fueron uno de los colectivos más golpeados». En 2011 la banda anunció el cese de su actividad armada.

Más de 500 concejales, el 29% mujeres, tuvieron que ir con escolta debido a la amenaza de la banda terrorista. La mayoría la llevaron entre uno (154 ediles) y tres años (111). Mientras que, por ejemplo, fueron 74 los concejales que tuvieron que incorporar a sus rutinas esta medida de protección durante nueve años. Dos personas la mantuvieron durante la friolera de 22. Cabe señalar que el estudio del Instituto Pedro Arrupe recoge los datos aportados por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco en relación a las personas que fueron protegidas con cargo a los presupuestos de la Comunidad autónoma. Faltarían los de quienes fueron escoltados por otras Fuerzas de Seguridad del Estado o bien por operativos privados, por lo que todo hace apuntar que las estadísticas serán algo mayores. Es en 1999 cuando se produce un punto de inflexión en la situación de los amenazados. De los 14 concejales que llevaban protección se pasa de repente a 113. Es en los últimos años de terrorismo cuando más ediles van con escolta. En 2010 la cifra era de 509 y en 2011, de 511. Es decir, cuando ETA decidió anunciar el cese de la violencia, el 20% de los concejales electos en Euskadi -en total eran 2.621- llevaba seguridad.

Pese a que el estudio no distingue el número de ediles amenazados por partido, son los cargos municipales del PP y del PSE los que más sufren la persecución de ETA. También se dan casos entre concejales nacionalistas, pero en menor medida. En las legislaturas en las que se centra el estudio, el número de cargos municipales que sumaban socialistas y populares osciló entre los 356 y los 528.

Prueba de que los cargos populares y socialistas fueron el principal objetivo de los terroristas -sobre todo los primeros- es el balance de concejales que fueron asesinados por la banda. Entre 1991 y 2011, ETA mató a 10 ediles en Euskadi: siete del PP y tres del PSE. Otros dos de UPN, en Leitza y Pamplona, y cuatro en otras comunidades autónomas. Todos hombres. El primer atentado ocurrió en 1995 y acabó con la vida del teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián Gregorio Ordóñez (PP) y el último fue el socialista Isaías Carrasco, asesinado en Mondragón en 2008. Con anterioridad a 1991, la banda mató a otros ocho concejales, siete en Euskadi. Es el caso, por ejemplo, de Jaime Arrese, exregidor de Elgoibar por UCD, asesinado en 1980.

El informe incluye asimismo un apartado cualitativo, que se basa en catorce entrevistas personales anónimas llevadas a cabo tanto a ediles como a familiares de estos últimos, con el fin, explican, de «dejar en evidencia la manera en la que el acoso pudo afectar a las personas que convivían con los cargos públicos». «Hablamos de personas concretas, de familias enteras y de un sufrimiento inmenso, prolongado y poco visibilizado», expresó este viernes Jonan Fernández.

«Yo le pedí que lo dejara. Por nuestras hijas», comparte la pareja de un amenazado. «Él me dijo una vez: 'No sé si iré al cielo o al infierno, pero será desde este pueblo'». Amenazas de diferente naturaleza colocadas en lugares visibles y con una vocación indiscutible de amedrentar a sus destinatarios, cuyos nombres a menudo figuraban en pintadas y carteles. «Las fiestas patronales a partir del 95 ya ni las pisaba. Nos empezaron tirando huevos podridos, llenos de pintura, luego al final ya los cocían y los congelaban», relata un concejal.

Los autores del estudio proponen a modo de conclusión una «calificación jurídica» de los hechos -el Código Penal recoge el delito de amenazas, en el que se incluyen las terroristas-, «en la medida en que constituyeron una violación de los derechos humanos sin que las personas afectadas tuvieran a su alcance ningún medio jurídico de defensa o reparación». El informe se depositará en el Instituto Vasco de la Memoria, Gogora.