El comité de ética que fiscaliza las 'vacunaciones vip' lleva año y medio sin emitir un dictamen

Desde aquella resolución el órgano creado por el Ejecutivo autónomo para vigilar las actuaciones de todos los responsables públicos no ha vuelto a ser tan tajante. Ni mucho menos. Tres de cada cuatro dictámenes que ha emitido en este tiempo -68 en total- exculpan a los directivos que habían sido señalados. En el resto se les pide, como mucho, que se eviten «choques de intereses» en sus decisiones.

El foco ha vuelto a ponerse sobre un comité que preside la consejera de Gobernanza Pública y autogobierno, Olatz Garamendi, y que componen otros dos altos cargos de Lakua, una exmagistrada del Supremo y un científico del CSIC, porque debe analizar la eventual responsabilidad de otra integrante del Gabinete de Iñigo Urkullu, la titular de Salud, Gotzone Sagardui, en el caso de las 'vacunaciones vip' en los hospitales de Basurto y Santa Marina. La decisión podría tardar, porque la Comisión de Ética Pública no emite dictamen alguno desde agosto de 2019 pese a estar obligada a reunirse al menos una vez al año, según establece su reglamento.

Fuentes del Gobierno vasco atribuyen el parón en el funcionamiento del organismo a la pandemia, aunque eso no explica que no haya presentado su memoria de actividades desde hace tres años. Y no será por falta de asuntos a analizar. Aunque sus deliberaciones son secretas, como mínimo tiene dos peticiones de calado sobre la mesa desde 2020: las persistentes adjudicaciones de Gogora, el Instituto de la Memoria, a la empresa de un miembro del PNV que instala carpas, y el caso de la exviceconsejera de Salud. Fátima Ansotegi fichó por una multinacional del área sanitaria dos días después de abandonar el Ejecutivo en verano.

Aparte de que la comisión de ética se mostró implacable en su primer año pero ha levantado el pie del acelerador después, el principal resultado que deja la labor del organismo es el de haber establecido una doctrina para los altos cargos del Gobierno que se vean implicados en tramas judiciales. Todos pueden seguir en su puesto «colaborando con la Administración» mientras no se les considere investigados y se abra juicio oral.

Las resoluciones en este sentido son numerosas y su contenido calcado de una a otra. Un copia y pega. Ocurrió en 2017 cuando la anterior directora de EiTB, Maite Iturbe, fue citada para declarar en comisaría por una investigación vinculada con el fraude de la SGAE. Y cuando Alejandro López Cárcamo, entonces director de Desarrollo Industrial del Gobierno, fue imputado por el fraude de la fallida planta de purines de Carranza. López Cárcamo fue cesado dos años después por «motivos de salud».

Aunque el caso más llamativo es el de Hernando Lacalle. En 2016, cuando ocupaba la dirección de Presupuestos, se supo que estaba imputado por supuesta malversación en una empresa privada antes de dar el salto al sector público. Fue reprobado públicamente pero Lacalle sigue aún en el Ejecutivo, ahora como viceconsejero de Economía.

Entre las resoluciones dictadas por el Comité de Ética durante estos años destacan otras dos por razones casi opuestas. En 2015 el organismo salió al amparo de Urkullu y del entonces consejero de Empleo y Políticas Sociales. Ángel Toña no había informado antes de tomar posesión del cargo de que había sido inhabilitado como administrador concursal y estuvo a punto de ser cesado por conducta «poco ejemplar». Pero la comisión avaló finalmente su permanencia en la plaza.

El Comité de Ética hiló mucho más fino en el caso de Andoni Unzalu, histórico militante del PSE que en 2017 fue nombrado jefe de gabinete del consejero de Turismo. Unzalu colaboraba con varios medios de comunicación y venía de posicionarse a favor de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, tesis contraria a la que defendía el lehendakari y su equipo. El órgano de control le permitió tomar posesión, pero le recordó una de las cláusulas más polémicas del código de conducta que deben firmar los altos cargos vascos: «discrepar» con la línea ideológica que marca el Ejecutivo es «motivo de cese».