La comisión sobre abusos policiales echa a andar con el recurso ante el TC aún en vigor

La comisión de valoración sobre las víctimas de abusos policiales celebrará hoy su primera reunión, ya formalmente constituida. Tal como publicó el Boletín Oficial del País Vasco el pasado mes de junio, el foro estará compuesto por diez expertos, a propuesta del Gobierno y Parlamento vascos y el Instituto Vasco de Medicina Legal, entre los que se encuentran los forenses Paco Etxebarria y Benito Morentín y el jurista especializado en Derecho Penal Jon Landa.

La ratificación de la comisión, que se enmarca dentro de la 'Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia política en la CAV entre 1978 y 1999', se alcanza pese al recurso de inconstitucionalidad que todavía pesa contra la norma y que interpuso en su día el Gobierno del PP. El Tribunal Constitucional (TC) dictó una resolución que provocó la suspensión de casi la mitad de sus artículos.

La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y el nuevo clima de acuerdo con el Gobierno vasco, con el que quiere reducir los litigios, hace presumir la pronta retirada de la impugnación. El nuevo delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, ya anunció tras mantener su primera reunión con el lehendakari Iñigo Urkullu la semana pasada que el Gobierno podría dar marcha atrás este mismo mes si se pulen algunos detalles de la ley.

Las reacciones no se han hecho esperar. Covite y asociaciones policiales como el Sindicato Unificado de Policía o la Asociación Unificada de Guardias Civiles alertaron ayer de la gravedad de la retirada del recurso. «Implicaría dejar en manos del Gobierno vasco una cuestión jurídica que corresponde al TC», aseguraron, con el mismo argumento que siempre utilizó el PP, que defendía que una comisión de expertos no puede suplantar a los jueces a la hora de determinar quién es víctima.

Víctimas y sindicatos exigieron al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que impida la retirada del recurso. De lo contrario, alertaron de que el Ejecutivo del PSOE «será cómplice de la falsa teoría del conflicto». «En su condición de juez –argumentaron–, el ministro es consciente de que dejar fuera del control del TC las leyes promulgadas por el Parlamento vasco es un ataque severo al Estado de Derecho».

Según los firmantes, la intención del Gobierno vasco es «decidir quién es víctima de abusos policiales y quién no lo es; constituir un tribunal administrativo fuera de la ley para dar un reconocimiento oficial a supuestas víctimas de abusos policiales». Y advirtieron: «Cada uno de los pasos que el Ejecutivo vasco ha dado en materia de política de memoria pública se ha dirigido a reforzar un relato falseado del pasado en el que se blanquea la actividad terrorista de ETA».