«La colaboración con Francia es total y permanente, también en el ámbito de los presos»

- ¿Cómo valora la decisión adoptada por Francia?

- La colaboración de Francia en la lucha contra ETA ha sido una de las claves de su derrota. El esfuerzo de nuestro país vecino, aliado y amigo ha salvado miles de vidas de ciudadanos españoles. Nunca debemos olvidarlo, y menos ahora que estamos cerrando el peor capítulo de nuestra historia moderna. También en esta última fase la colaboración con Francia es total y mantenemos una comunicación permanente en todos los ámbitos. Ha habido una serie de peticiones de presos y Francia las analiza y da respuesta en función de su propia legislación, caso por caso, sin que responda a un criterio colectivo ni a cambios de postura, como quieren hacernos creer algunos. Unos para sacar rédito político y otros para intentar maquillar su derrota y la sinrazón de tantos años de terrorismo.

- Seis años después de que ETA anunciase el cese de la actividad terrorista, ¿tiene sentido la política de dispersión?

- La política penitenciaria que se lleva en España se hace conforme a la legislación vigente, la Ley General Penitenciaria. Fue la primera ley que se aprobó en democracia, y lo hizo con un respaldo abrumador que no ha tenido ninguna otra norma en los casi 40 años de democracia. Solo hubo dos abstenciones. Tenemos en estudio una modificación de dicha ley, pero la que tenemos es la que se está aplicando. No cabe hablar de política de dispersión, sino de aplicación estricta de la normativa penitenciaria.

- ¿Por dónde irá esa reforma?

- Supone una actualización de determinadas situaciones, pero vendrá precedida de un alto grado de consenso. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la actual distribución parlamentaria nos obliga a hacer una política de pactos. Aunque bueno, en este caso creo que la materia también lo requiere. No podemos cambiar una ley que se creó con tanto consenso de manera precipitada. Se trata de que todos los partidos nos sentemos para mejorar y modernizar nuestra legislación penitenciaria.

- ¿Favorecerá el acercamiento de los presos de ETA o el acceso a beneficios penitenciarios?

- No voy a precipitar ninguno de los aspectos que sería bueno que se modificaran porque tenemos que lograr un consenso. Y si uno empieza a poner determinados temas encima de la mesa, pues a lo mejor lo que unos quieren no lo quieren otros. Es necesaria mucha prudencia y sobre todo mucha discreción.

- ¿Pero conllevará una posible flexibilización?

- Se trataría de modernizar, de adaptar.

- ¿De qué plazos estamos hablando?

- Primero hay que lograr ese consenso. Tenemos mucho trabajo avanzado, pero queremos ponerlo en común con el resto de partidos para que, independientemente de quien gobierne, haya una estabilidad en esta materia.

- ¿Le ha trasladado algo al PNV?

- No, a ninguna fuerza política. Sí la necesidad de que podríamos sentarnos a hablar de esa cuestión, pero no hemos concretado.

- ¿Podría estar aprobada a lo largo de este año?

- Aprobarla este año es complicado por una cuestión de plazos.

- Su departamento apuesta por no realizar cambios en la política penitenciaria, ¿le parece suficiente que los presos de ETA asuman el daño causado a cambio de excarcelaciones?

- Lo que tienen que hacer los presos de ETA es tener claro de una vez por todas lo que significa reinsertarse. Tienen que reconocer los hechos, mostrar arrepentimiento, una declaración inequívoca de no pertenecer a la banda terrorista y responder de las obligaciones civiles y las deudas que tienen contraídas con las víctimas. El imperio de la ley es el que debe prevalecer, no las opiniones políticas.

- Desde las víctimas se ha dicho que la actitud de los presos de pedir mejoras a cambios de reconocer el daño causado es un chantaje al Estado.

- Por eso digo que no solo tiene que ser el reconocimiento del daño causado, tienen que demostrar una voluntad inequívoca que les haga acreedores de que con ellos deben tomarse otras medidas.

- ¿Colaborar con la Justicia?

- También, pero sobre todo, insisto, saldar las responsabilidades civiles y certificar que hay una voluntad inequívoca de no pertenencia a una banda terrorista.

- Se especula con que antes de verano ETA anunciará que pone fin a 50 años de terrorismo, lo que no está muy claro es la fórmula. ¿Exigirá el Gobierno una declaración explícita de disolución? El Foro Social se limita a hablar de una posible «desmovilización».

- Lo que se espera es la disolución definitiva. Creo que no debemos andar con determinadas expresiones que podrían favorecer un planteamiento que podría ser equívoco o que la sociedad en su conjunto no pueda entender. Política y policialmente, ETA ha sido derrotada por el Estado de Derecho y por la sociedad española, y lo que queda es mostrar inequívocamente la disolución de la banda, la entrega inequívoca de todas las armas y pedir perdón porque han causado mucho daño y mucho terror.

- Los presos han insinuado que están dispuestos a reunirse con las víctimas, pero sin que haya reproches.

- No se puede equiparar víctimas con terroristas, eso sería un error tremendo. El Ministerio del Interior siempre va a defender los derechos de las víctimas. No vamos a consentir bajo ningún concepto que se las humille; vamos a defender el relato y sobre todo la memoria y la Justicia. Aquellos que emplearon el dolor y el terror, que derramaron tanta sangre y causaron tanto dolor a tantas familias tienen que reconocer que fueron los culpables. Y a partir de ahí pueden venir muchas otras cosas. Y mientras eso no suceda no demos lugar a equívocos, no pongamos en un plano de igualdad a víctimas y verdugos.

- ¿Cree que los jueces no están siendo todo lo contundentes que podrían ser con los homenajes a lo presos de ETA?

- Siempre defiendo la división de poderes. Creo que una democracia se basa en eso y en el Estado de Derecho. Y, por tanto, los jueces son libres a la hora de determinar lo que quieran. ¿Qué tienen que hacer los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad del Estado? Recoger todo tipo de pruebas y pasárselas a la autoridad judicial para determinar si son actos de enaltecimiento del terrorismo o no lo son.

-Echar la culpa a los propios conductores por haberse quedado atrapados en la autopista por una nevada, como hizo el director de la DGT, Gregorio Serrano,¿es lo más apropiado? ¿Se ha planteado su dimisión?

- El director de la DGT ha dado las explicaciones que tenía que dar.

- Mariano Rajoy pidió la dimisión de Magdalena Álvarez en 2004 por un colapso parecido. ¿Qué diferencia los dos casos?

- No sé exactamente lo que sucedió en 2004. Lo que sí le puedo decir es que el pasado fin de semana hubo unas circunstancias climátológicas muy adversas y que el colapso sucedió en la AP-6, que es una autopista concesionada. Y al lado, prácticamente en el mismo trayecto, discurre la carretera nacional, competencia del Ministerio de Fomento, y que en todo momento estuvo bien atendida. Y como no sé lo que sucedió en 2004, no voy a hacer ningún tipo de comparación.

- ¿Ve factible que se tenga que realizar en Cataluña un nuevo despliegue policial como el del 1-O?

- Hubo un despliegue especial porque el Estado de Derecho fue cuestionado y porque el anterior Gobierno de la Generalitat decidió llevar a cabo algo ilegal. Mientras ha sido necesario han estado allí y después de la aplicación del artículo 155 volvimos a depositar la confianza en un mosso, en este caso el señor Ferran (en alusión a Ferran López, que sustituyó al anterior mando de los Mossos, Josep Lluís Trapero).

- ¿Y a partir de ahora?

- Desde su nombramiento las relaciones entre los dos gobiernos se han normalizado.

- ¿Ve a Carles Puigdemont de nuevo como presidente de la Generalitat?

- Lo que tengo claro es que es imposible que lo sea por vía telemática.