Las claves para que la 'operación renove' del Poder Judicial culmine con éxito

¿Qué es necesario para que los dos grandes partidos acaben con este bloqueo y puedan renovar el Poder Judicial? Dos no pactan si uno no quiere y en este tipo de 'negociaciones de Estado', el listón suele fijarlo el que está en la oposición, sabedor de que el desgaste siempre corre a cuenta del Gobierno. El PP, como subrayó el domingo Pablo Casado en una entrevista con EL CORREO, ha puesto como «única exigencia respetar su independencia», siempre basándose en la Constitución y en los dictados de la Unión Europea.

En realidad, hay más condiciones. Cinco en total. Si se cumplen, apostilla Casado, «el PP, mañana mismo, estaría encantado de sentarse a firmar un acuerdo». Respecto al nombre del futuro presidente del CGPJ (y presidente también del Tribunal Supremo) lo tiene claro: «Que se encierren como en un Concilio Vaticano y elijan entre los vocales. Yo no quiero saber nada, y así se lo he dicho a Sánchez».

¿Cuáles son las líneas rojas? La principal se refiere al modelo de elección. Ahora, los veinte vocales deben recibir el plácet de las Cortes Generales, tanto del Congreso como del Senado. Es decir, que la política siempre tiene la última palabra, algo que no sucede en ningún país de la UE salvo en Polonia. España, como vienen advirtiendo tanto la Comisión Europea como la Comisión de Venecia (pertenece al Consejo de Europa, institución que no forma parte de la UE), debe emular al resto de Estados miembros y permitir que al menos la mitad de los vocales los elijan los jueces.

Se trata de una reforma legal de gran calado que en todo caso no afectaría a la renovación que ya está en marcha. Lo que el PP exige es que en paralelo se acuerde la modificación de la ley para que la próxima renovación -se efectúa cada cinco años- se haga en función de los criterios fijados por la UE. Más allá del modelo de elección de los 20 vocales -el Congreso y el Senado eligen a 10 cada uno: de ellos, 12 entre jueces y magistrados y 8 entre juristas de reconocida competencia-, el PP ha puesto encima de la mesa otros cuatro condicionantes que el PSOE, según los conservadores, ya «habría aceptado».

Primero, la «imparcialidad» de la Fiscalía tras el «escándalo» que supuso la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado tras dejar de ser ministra de Justicia. Segundo, que todas las decisiones del Consejo se tomen por mayoría reforzada de tres quintos, para romper el mantra de las mayorías progresistas o conservadoras.

Tercero, que ningún juez pueda entrar por el turno de juristas. Es aquí donde el PP recrimina al PSOE que quisiera incluir a José Ricardo de Prada, el magistrado de la Audiencia Nacional que redactó la sentencia de Gürtel que a la postre provocó la caída de Rajoy. Y cuarto, que no se puedan meter vocales que sean políticos en ejercicio. «El PP incluso se comprometió a que fueran expolíticos», señalan estas fuentes. Aquí, el nombre que dinamitó todo fue el de la magistrada Victoria Rosell, exdiputada de Unidas Podemos y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.