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Los detalles de la salida de Venezuela de Edmundo González han escalado del ámbito internacional a la política nacional recrudeciendo el pulso entre el Gobierno y el PP y arrastrando a otro punto de no retorno las relaciones entre los dos principales partidos en ... asuntos de Estado mientras sigue sin haber noticias de los dos bilbaínos detenidos desde el sábado por el régimen.
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Ayer, los populares elevaron el tono acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de ser «cooperador necesario» del Ejecutivo de Nicolás Maduro, y Alberto Núñez Feijóo exigió la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores y el reemplazo del embajador en Caracas después de que el líder opositor asegurase que «firmó bajo coacción», en suelo diplomático español, un documento reconociendo la victoria del dirigente bolivariano y renunciando a ejercer actividades políticas en España.
En su réplica desde Bruselas, José Manuel Albares esgrimió que el embajador Ramón Santos cumplió con la instrucción de no inmiscuirse en las gestiones que González pudiera hacer mientras estuviera en la residencia oficial, recalcando que «cualquier persona que acudiera para entrevistarse con él, cualquiera de ellos, no vino a solicitud del Gobierno de España, ni fue el embajador quien les invitó a entrar».
El titular de Exteriores no aclaró la presencia de Delcy y Jorge Rodríguez -vicepresidenta de Venezuela y presidente de la Asamblea venezolana, respectivamente- en la Embajada ni precisó cuándo tuvo conocimiento del mismo, limitándose a negar tajantemente la participación tanto de Santos o la del Gobierno español en cualquier tipo de negociación política con el país caribeño. Pero visiblemente irritado, Albares sí entró al choque con la oposición al equiparar las «acusaciones falsas de desestabilización» por parte del PP con las que Moncloa ha venido recibiendo del régimen bolivariano.
El principal partido de la oposición, que desde las elecciones del pasado 28 de julio se ha situado al frente de la lucha para que se reconozca a González como presidente electo, ha hecho de la causa venezolana un ariete para atacar a Sánchez. Lo consiguió la semana pasada en el Congreso de los Diputados, hizo lo propio este miércoles en el Senado y ayer en la Eurocámara.
Sendas victorias parlamentarias no tienen efectos jurídicos ni cambian la situación sobre el terreno pero tienen una alta carga simbólica y han fortalecido los argumentos del PP para ahondar en las críticas al Gobierno tras el polémico documento que González reveló para defenderse de las presiones del chavismo.
El eurodiputado y responsable internacional del PP, Esteban González Pons, acusó directamente al Ejecutivo español de estar «implicado en el golpe de Estado» en Venezuela y de «coaccionar y enviar al exilio» al candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Según el relato de Pons en una entrevista en EsRadio, González se encontraba acogido en la Embajada de Países Bajos y «fue trasladado a la residencia del embajador español para que el chantaje y la coacción fueran posibles».
A su juicio, el Gobierno «es cómplice en la operación de convertir a Maduro en dictador por más tiempo» y de estar «implicado en el golpe de Estado» al tiempo que apunta a cierta «connivencia» con las condiciones en las que Edmundo González abandonó Venezuela el pasado 7 de septiembre. Atribuye un papel de mediador en la negociación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. «Es el gran urdidor de este plan, que es la operación más sucia de la historia reciente de la diplomacia española», remató Pons.
Las palabras del dirigente popular encendieron la mecha para un nuevo toma y daca entre el PSOE y el PP después de que Ferraz pidiese la dimisión «inmediata» del vicesecretario del PP. Albares las calificó de «injurias y calumnias» contra el Ejecutivo y contra el servicio de acción exterior españoles. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, reprochó al dirigente popular haber perdido «toda ética respecto a lo que tienen que ser las relaciones entre aquellos que, aunque discrepen, tienen obligación de ponerse de acuerdo».
Feijóo, en Roma tras reunirse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, evitó hablar de «golpe de Estado». Pero no solo no desautorizó a Pons, sino que mantuvo la línea dura recriminando al Gobierno español «haber mentido» sobre el asilo que ha otorgado a González. «La diplomacia española, pilar esencial de la diplomacia europea en Iberoamérica, no puede estar al servicio de un régimen dictatorial», defendió.
El líder del PP, que reafirmó la postura «clara» de su partido reclamando que el ministro de Asuntos Exteriores presente su dimisión y el embajador en Venezuela sea cesado, urgió a Sánchez a «dar explicaciones inmediatas» y a desmarcarse de Maduro. «Si está con la democracia, estaré con él; si está con la dictadura, me tendrá en frente», aseguró.
Mientras, la diplomacia española sigue trabajando para localizar y conocer el estado de los dos bilbaínos a los que Maduro imputa un delito de «terrorismo» y formar parte del CNI, algo que tanto el Gobierno español como sus familiares niegan rotundamente.
Atrapado en medio del fuego cruzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP, Edmundo González se sintió obligado ayer a emitir un nuevo comunicado en el que aclara: «No he sido coaccionado ni por el Gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos». Justo lo contrario de lo que dijo ayer el dirigente del PP Esteban González Pons, sin ser en ningún momento desautorizado por su partido, que muy al contrario arremetió contra el Gobierno y pidió el cese de Albares y del embajador. El líder opositor venezolano añadió que todas las gestiones de su traslado a España «fueron supervisadas y facilitadas directamente por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegurando en todo momento mi bienestar y libertad de decisión».
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