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Continúa el goteo constante de delincuentes sexuales que están viendo rebajadas sus condenas, incluso logrando la excarcelación, tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'. Según los últimos recuentos, la cifra superaría ya el medio millar, cien más que hace ... una semana, aunque tampoco se descarta que sea mucho mayor. El desglose se realiza a través de los informes que remiten los diferentes tribunales superiores o las audiencias provinciales, pero no todos lo hacen, así que el mapa en realidad es incompleto. Al menos hasta ahora, porque el Consejo General del Poder Judicial ha pedido a todas las entidades judiciales que le envíen todas las resoluciones dictadas para poder realizar un «análisis» global de lo que está sucediendo.
La decisión del CGPJ llega cuatro meses después de que la ley entrase en vigor y en mitad de una tormenta política que está tensando las costuras del Gobierno de coalición al máximo. Los primeros «efectos no deseados» -como los ha definido Pedro Sánchez- de la normativa impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero empezaron a brotar al poco de entrar en vigor.
Los dirigentes de Podemos optaron en un primer momento por quitar trascendencia a lo que estaba sucediendo, considerar que se trataba de casos 'anecdóticos' y cargar contra los jueces, a los que se les llegó a calificar de «fachas con toga». Pero la bola fue creciendo y ha abierto un brecha de enormes proporciones en el Ejecutivo. Este pasado lunes, el PSOE registró su propuesta para reformar la ley a pesar del rechazo mostrado por Unidas Podemos. No se descarta, incluso, que los socialistas acaben aceptando los votos del PP. La situación ha llegado a tal punto que en Moncloa y en Ferraz creen que electoralmente les perjudica más seguir de la mano de Podemos en esta cuestión que sacar la reforma con los populares porque la cifra de rebajas y excarcelaciones no para de crecer. Si el viernes de la semana pasada llegaba a 400, ahora ya superaría el medio millar tras las últimas revisiones que se han producido en Castilla y León, Galicia y Madrid.
El objetivo del Poder Judicial ahora es «hacer un análisis detallado de las incidencias surgidas en la aplicación de la ley y poder ofrecer datos contrastados de manera transparente», señaló el CGPJ a través de un comunicado. Será el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con experiencia en el tratamiento de datos, el que se ocupe del recuento de las resoluciones. De hecho, había sido Ángeles Carmona, vocal del Poder Judicial y presidenta de este organismo, la que había realizado la petición.
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