«Se han acabado los privilegios». La advertencia, pronunciada ayer por el vicepresidente de la Generalitat (en funciones de presidente) y 'número dos' de ERC, Pere Aragonès, contiene en sí misma la esencia de la guerra política que ha desatado la última cesión del Gobierno ... PSOE-Podemos al secesionismo catalán a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. En esas escuetas cinco palabras se encierra la chocante contradicción que ha servido para echar más leña al fuego de la bronca entre La Moncloa y la España autonómica, ya caldeada por la pandemia.
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A lo que se refería Aragonès es a una aspiración de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ni mucho menos es nueva, pero que los republicanos presentan ahora como un logro propio. Consiste, básicamente, en impulsar una reforma fiscal y de la financiación autonómica que acabe con la posibilidad de que las comunidades más saneadas como, sobre todo, Madrid, puedan 'tirar' los impuestos para hacerse más atractivas a la inversión, todo ello dentro de la potestad que el marco legal vigente da a las autonomías para regular los impuestos sobre los que tienen competencia. Una aspiración más propia de una izquierda de raíz jacobina que de un Estado autonómico asimétrico o directamente abierto a la independencia de sus territorios vía referéndum, como defiende ERC.
Pero ha sido precisamente Esquerra quien se ha colgado la medalla de la futura reforma armonizadora, aún una nebulosa por concretar, pese a que el PSOE la viene defendiendo desde hace meses, con el argumento de acabar con el «dumping» tributario (competencia desleal) por parte de Madrid. Rufián ya lo resumió cuando anunció un pacto para acabar con el «paraíso fiscal» madrileño -donde las bonificaciones al impuesto de Patrimonio lo han hecho desaparecer en la práctica- y Aragonès remató ayer la idea: «Hay territorios que hacen una competencia desleal, beneficiándose de la localización en la capital de la mayor parte del funcionariado del Estado y las grandes empresas del Ibex-35», denunció, al tiempo que prometió acabar con esa «dinámica diabólica». Un lamento que también han entonado las instituciones vascas por sus efectos en la deslocalización de empresas.
El asunto es de tal envergadura que desató no solo el enfado mayúsculo de la principal aludida, la Comunidad de Madrid, sino una ofensiva total del PP, secundada por Cs. Y, por añadidura, reabrió la batalla Sánchez-Ayuso, que parecía aplacada tras los durísimos encontronazos por las restricciones anti Covid. La presidenta cargó con todo, decidida a hacer «lo que haga falta donde haga falta» para frenar el intento de Montero de limitar con un tipo mínimo la exención de Patrimonio, lo que forzaría a su Gobierno a subir los impuestos.
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Ayuso siempre ha desdeñado las críticas de otras autonomías y, en especial, las de Euskadi: «Con el Concierto yo haría maravillas en Madrid», dijo en una entrevista con EL CORREO en abril. Y ayer lanzó un claro aviso a nevegantes en Antena 3: «Seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos a los contribuyentes madrileños para pagarle la fiesta, la corruptela, al independentismo». Sus palabras fueron secundadas por otros presidentes autonómicos de su partido, como el andaluz Juanma Moreno, que denunció un «ataque» al Estado autonómico. El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, dejó claro que los problemas de Cataluña «no son culpa de Madrid», y llamó la atención sobre la intención del independentismo de «recentralizar competencias».
El presidente Sánchez no perdió la ocasión de responder a Ayuso y defendió la «armonización fiscal» que, según dijo, defienden también «presidentes del PP» porque, a su juicio, no es una «cuestión ideológica». «Se tiene que producir si queremos garantizar algo en lo que estoy convencido que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan», zanjó.
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