Cerco al Gobierno en Génova, apoyo en Ceuta

Pero la dirección que encabeza Pablo Casado ha encontrado un problema en absoluto menor en su estrategia de acoso y derribo al Gobierno de Pedro Sánchez: las críticas al «retorno asistido» a su país de los 700 jóvenes cuya entrada ilegal en España forzó Marruecos en la grave crisis migratoria de mayo chocan frontalmente con el discurso que defiende el presidente de Ceuta, el también popular Juan Jesús Vivas. El dirigente ceutí, al que Interior responsabiliza ahora en exclusiva de la iniciativa, anclada en un convenio firmado entre España y el reino alauí en 2007, ha respaldado punto por punto los argumentos del ministro e incluso ha defendido que la devolución se haga de manera «coordinada y conjunta» con Interior.

Estrechamente marcado por Vox y responsable directo de la situación de un colectivo que, como él mismo ha explicado, representa más del 10% del total de menores no acompañados en el conjunto del territorio español para una población, la de Ceuta, que no llega al 0,2%, Vivas está dando la batalla sobre el terreno para avalar las polémicas repatriaciones. Su 'guerra' no es, desde luego, el desgaste de un Pedro Sánchez que continúa mudo ante el nuevo lío judicial de Marlaska, sino conservar el respaldo del electorado ceutí, cuya «sensibilidad y solidaridad» elogió ayer en la Cope.

Vivas se ha alineado con Marlaska para defender que el objetivo final de la operación es salvaguardar el interés superior de los menores y reintegrarles en su entorno familiar o, en su defecto, en instituciones de acogida. «Muchos viven sin techo, en una situación infrahumana», ha incidido. Sin ocultar que a la emergencia humanitaria de los chavales se une la «emergencia social» de la ciudad autónoma.

El PP nacional, no obstante, defiende lo contrario. No quiere soltar la presa de un PSOE que también se ve expuesto en este asunto a sus propias contradicciones y, por si fuera poco, a una nueva bronca con Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díaz, que se oponen airadamente a las devoluciones. La actuación de Interior es, 'de facto', una enmienda a su discurso tradicional en materia de inmigración, mucho más permisivo.

Algo que ha intentado explotar, por ejemplo, el portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, al denunciar los «bandazos» socialistas en esta materia: «Hemos pasado de la demagogia de recibir al Aquarius nada más ser elegido presidente a una devolución de menores con serias dudas sobre su legalidad». Ayer, el vicesecretario de Participación, Jaime de Olano, habló directamente de repatriaciones «ilegales», lo mismo que la portavoz europea, Dolors Montserrat, que acusó al exjuez Marlaska de tener «poco respeto» a la legalidad. Un trago amargo para Vivas, que también ayer defendió que tanto su Ejecutivo como el Ministerio buscan el «cumplimiento de la ley» en «plena» sintonía.