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Dos meses después de que PSOE y PP alcanzaran un acuerdo, el PNV ha aprovechado este miércoles su pregunta en el pleno de control para censurar la renovación de órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. El ... portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha puesto en duda el «pluralismo» y la «imparcialidad» de los nuevos miembros, y ha afirmado que el reparto, más que «fortalecer las instituciones, lo que hace es socavarlas». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha situado el pacto en un contexto de «normalidad democrática», aunque ha utilizado su réplica para presionar a los populares de cara a la renovación pendiente, la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El principal motivo que alimenta las dudas de los jeltzales es la elección de personas que han levantado polvareda por su currículum, como el caso de Enrique Arnaldo, nuevo integrante del Constitucional a propuesta del PP. «Se nombra a personas con sombra de corrupción, imputaciones ante los tribunales, incompatibilidades académicas y con continuas opiniones de parte en temas de trascendencia constitucional», ha criticado Esteban. Cuestiones que, bajo su punto de vista, borran la «credibilidad» y la «neutralidad» de los órganos «para regocijo de los ultras (en referencia a Vox), que pueden aumentar su propaganda ante el desapego ciudadano con las instituciones».
En su respuesta, Sánchez ha asumido que el pacto con el PP no es el idóneo. «Los acuerdos supone pactar con alguien que propone nombres que uno jamás habría propuesto para representar la alta magistratura del Constitucional», ha expresado. De hecho, a la pregunta formulada por Esteban de si se sentía «satisfecho» con los términos del acuerdo, el presidente del Gobierno ha afirmado rotundamente que no porque aún queda pendiente la renovación del Poder Judicial, cuyo mandato finalizó hace tres años. En este sentido, ha vuelto a llamar a los populares a «cumplir con sus obligaciones constitucionales y salir de su insumisión» de forma que se ponga fin al bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces.
El mandatario socialista sitúa esta parálisis en una estrategia política de los conservadores que se habría repetido en las etapas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero: «Lo que siempre le ha pasado a la derecha, ahora agravado por la presencia de la ultraderecha, es el no reconocimiento y la no legitimación de cualquier gobierno que no sea conservador. Es una cuestión de principios democráticos, de asumir cuál es su condición, la de minoría parlamentaria». Así, ha instado a Pablo Casado a desbloquear la renovación del CGPJ y regresar a la «normalidad democrática», que también supone, tal y como ha enumerado, «legislaturas de cuatro años, aprobación de Presupuestos en tiempo y forma, y volver al Debate sobre el Estado de la Nación».
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