Un cazador de piezas mayores: el fiscal suizo que puede ser clave en el futuro del emérito

En 2007 don Juan Carlos era incuestionable. Un jefe de Estado sin tacha. Gozaba la monarquía de la aprobación del pueblo, con un índice de popularidad que ahí tocó techo. Ese año se completó la familia con la llegada de la octava nieta, la infanta Sofía. Y también comenzó el divorcio en diferido de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. También ese año estalló el 'caso Palma Arena', al descubrir el recién constituido Gobierno balear, presidido por el socialista Francesc Antich, un sospechoso descuadre de más de 50 millones de euros en las cuentas del recién inaugurado polideportivo. Aquella causa fue el germen del 'caso Nóos', otro principio del fin para la ejemplaridad de la monarquía.

Fue también en 2007 cuando el entonces Rey nombró un interventor para llevar la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable de la Casa Real. El elegido, el experto en Derecho Administrativo Óscar Moreno Gil. ¿El motivo? «Una decisión burocrática», respondió en su día La Zarzuela, descartando así que tuviera algo que ver con las peticiones de algunas formaciones políticas para fiscalizar los presupuestos destinados a la jefatura del Estado. Ese mismo año don Juan Carlos encargó a Dante Canónica, siempre según la versión de este abogado, crear una estructura para transferir una importante donación –de 100 millones de dólares– que iba a recibir del rey Abdalá de Arabia Saudí (fallecido en 2015).

Y en 2007, Yves Bertossa fue elegido fiscal tras unos años ejerciendo la abogacía en el bufete que montó con otra colega, Hayat-Bertossa. Hoy, con 46 años, es la bestia negra de don Juan Carlos. Las vidas de uno y otro cambiaron el día en que se cruzaron sus caminos. Dicen que Bertossa guarda bajo llave la documentación con los datos bancarios que demostrarían que el emérito, hoy fuera de España empujado por la presión, ocultó durante años a Hacienda una millonaria fortuna. Y esa documentación es la que aguardan las autoridades españolas para poder armar la causa contra quien fuera jefe de Estado durante casi cuatro décadas. Se habla incluso de que podría remitirla esta semana. Pero se comenta también que el fiscal suizo es remiso a compartir su trabajo, dado que la apertura de una causa en España podría entorpecer su investigación.

La realidad es que hasta la fecha Bertossa tan sólo ha remitido los testimonios de Arturo Fasana, Dante Canónica o Corinna Larsen, a quienes este fiscal –al que definen como un activista que busca cambiar el mundo– interrogó a finales de 2018. Esta documentación, según fuentes jurídicas, versa en su mayor parte sobre el periodo comprendido entre 2003 y 2012. En ese tiempo, y hasta 2014, don Juan Carlos era inviolable. Falta, por tanto, la información sobre las pesquisas que Bertossa abrió por blanqueo y fraude fiscal, después del registro hace dos años del despacho en Ginebra de Fasana, gestor contable del rey emérito.

Aún con carrera por delante, Bertossa es consciente de que don Juan Carlos es una pieza mayor y que esta investigación le ha catapultado a otra dimensión. Él se encarga desde 2018 de los casos complejos, de investigar el blanqueo de capitales de testaferros de grandes fortunas. Su misión es verificar el comportamiento de las entidades financieras y desterrar la idea de que Suiza es un paraíso fiscal. Él fue, por ejemplo, el receptor de la comisión rogatoria en la que se pedía información sobre las cuentas del clan Pujol y sacó a la luz un fondo de 18 millones a nombre de Jordi Pujol Ferrusola. Entre sus trofeos de caza también se encuentra el hijo del dictador Gadafi, el expresidente de Ucrania Yanukóvich, un ministro de Hacienda francés o el registro de la sede de Ginebra del banco HSBC tras la difusión de la lista Falciani.

Pero la causa de don Juan Carlos es mayúscula. Hace ahora dos años, después de escuchar la conversación de Corinna con el excomisario José Villarejo y conocer que el rey emérito podría tener cuentas bancarias en Suiza, ordenó la entrada y registro de la firma Rhône Gestion en Ginebra, fundada por Fasana en 1984, donde se incautó de documentación sobre dos fundaciones vinculadas a don Juan Carlos: Lucum y Zagatka. De la primera salieron los 65 millones de euros que recibió Corinna. Y el conocimiento de ambas por parte de don Felipe fue lo que llevó al Rey a repudiar a su padre y retirarle la asignación pública. Ahora el futuro del emérito está en manos de un fiscal que difícilmente deja escapar una pieza que se le ponga a tiro.