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«Cuando la pulsión estrictamente independentista es menor, los asuntos de financiación siempre vuelven al primer plano». Así analiza un exalto cargo del nacionalismo catalán la exigencia que ahora mismo sobrevuela por encima de las demás -flecos de la amnistía al margen- en la estrategia ... negociadora de los socios de Pedro Sánchez en Cataluña: la salida del régimen común de financiación autonómica para abrazar un modelo fiscal «singular» que deje en manos de las instituciones catalanas la recaudación del cien por cien de los tributos.
El espejo en el que se mira la Generalitat, liderada por ERC, es, sin duda, el del Concierto Económico vasco y el del Convenio navarro, regímenes privativos de los territorios forales (Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra) y amparados por la Constitución, que, por eso mismo, hace difícil su extensión en sentido mimético y literal a otras comunidades autónomas, además de alentar un enconado debate sobre la sostenibilidad de un sistema que empujaría a la otra gran comunidad aportadora, Madrid, a exigir lo mismo.
La condonación de parte de la deuda a cambio del voto afirmativo a la investidura de Sánchez encendió los ánimos en otras comunidades, pero la del pacto fiscal promete ser la madre de todas las batallas. Sin embargo, hay pistas que indican que tanto los republicanos como Junts van en serio en una reclamación que ayudaría a enjugar los problemas de financiación de unas instituciones con dificultades para mantener la calidad de los servicios públicos y acogotadas ahora por problemas diversos como la sequía.
Por ejemplo, parte del botín que los de Carles Puigdemont arrancaron a Sánchez en la caótica negociación de los decretos que abrió paso a la cesión de las competencias «integrales» en materia de inmigración. El eco de ese polémico logro puso sordina a los demás, pero Junts también pactó que se hagan públicos los datos de las balanzas fiscales -para avalar su histórica denuncia de que el déficit con el Estado se habría disparado hasta los 22.000 millones, en torno al 10% del PIB catalán, unas cifras que los sucesivos Ejecutivos centrales han negado siempre- y la recuperación de los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local.
Un acuerdo, este último, que abriría la puerta a la supresión de las diputaciones en favor de una figura de raíz medieval, las veguerías, que permitiría a Junts entreabrir una rendija de la que colgar un futuro Concierto anclado, como el vasco, en unos derechos históricos previos al Decreto de Nueva Planta de 1716 y 'cepillados' del Estatut al ser declarados inconstitucionales.
En paralelo, ERC trabaja ya en su propia propuesta de pacto fiscal para Cataluña, con la intención de tenerla lista en las próximas semanas -antes de que se cumpla el primer trimestre del año- y poder colocarla así, junto con las garantías para la futura celebración de un referéndum, como piedra angular de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Un proyecto que Sánchez contempla tener aprobado como pronto en mayo y remitir al Parlamento no antes de marzo.
Será entonces cuando los de Oriol Junqueras descubran sus cartas y cuando también lo haga Junts, que ya avisó ayer de que votar a favor en el Senado de la senda de estabilidad no significa, ni mucho menos, que se pueda dar por hecho su 'sí' a las Cuentas. «No formamos parte de ningún bloque español y lo saben», avisó ayer el senador Josep Lluís Cleries. En ese contexto, en Cataluña ya han empezado a hacer pedagogía sobre las bondades de un sistema que, según ha explicado siempre el 'padre' del Concierto vasco Pedro Luis Uriarte, rechazó en su día -corría julio de 1980- el entonces conseller de Economía, el convergente Ramón Trias Fargas.
Una decisión que, como sostiene Uriarte, era lógica en un contexto de crisis profunda en el que recaudar impuestos resultaba impopular y además no aseguraba los recursos suficientes que sí se podían lograr bajo el paraguas de las arcas comunes. Así lo explica el que fuese consejero de Economía y Hacienda en el primer Gobierno vasco en un extenso reportaje emitido esta semana en horario de máxima audiencia en TV3, la televisión pública catalana.
La pieza, que ha sido grabada en Euskadi e incluye entrevistas a expertos contrarios a la extensión del sistema de Concierto como el catedrático Ignacio Zubiri, recoge también las opiniones de la diputada foral alavesa de Hacienda, Itziar Gonzalo de Zuazo, que niega la existencia de competencia fiscal entre territorios vascos; o del concejal bilbaíno de Desarrollo Económico, Xabier Ochandiano, que habla del 'boom' de los rodajes de películas y series en Euskadi gracias a los incentivos fiscales impulsados por las Haciendas vascas. Pero el título del reportaje, una de las ideas que desgrana Uriarte, es elocuente: 'Mucho más que dinero', una forma de incidir en el salto cualitativo que el Concierto supondría en los niveles de autogobierno en Cataluña.
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