Cataluña condiciona la agenda de Urkullu

El PNV y el Gobierno vasco repiten como un 'mantra' desde que arrancó el 'procés' que la deriva política en la que está sumergida Cataluña no afecta a Euskadi. Que son caminos diferentes y que el contexto social que se vive en el País Vasco no tiene nada que ver con el catalán. Pero ese discurso tiene sus matices. Porque una cosa es que a Euskadi no haya llegado el terremoto catalán y otra que algunas decisiones no se tomen pensando en lo que sucede en el Palau de la Generalitat. Una de ellas es la convocatoria de elecciones, y el anuncio realizado ayer por Quim Torra lo demuestra porque obliga a Iñigo Urkullu a mirar de reojo hacia Cataluña.

La fecha de los próximos comicios vascos sigue en el aire. Si el lehendakari quiere estirar la legislatura hasta el final, la cita con las urnas sería a finales de octubre. Pero todos los partidos dan por hecho que serán antes. Este mismo martes se hizo público que el Gobierno ya ha adjudicado el concurso para la elaboración de papeletas y toda la intendencia que requiere una convocatoria de este tipo. Se trata de un trámite habitual en un año electoral y no anticipa nada, pero sí demuestra el clima que se vive.

La fecha que más suena es finales de mayo. Los motivos son diversos. Aunque técnicamente supondría un adelanto sobre el calendario previsto -y Urkullu siempre ha apostado por agotar su mandato-, el Gobierno podría argumentar que la diferencia es inapreciable. Además, acudir a las urnas antes de verano permitiría arrancar en septiembre con cierta normalidad, aprobar los Presupuestos a tiempo en diciembre... Para que se cumpliese esta previsión, Urkullu tendría que disolver el Parlamento a finales de marzo o primeros de abril, justo antes de Semana Santa.

Pero estos cálculos ahora se quedan en el aire por la incertidumbre que de nuevo se instala en la Generalitat. Lo que siempre ha buscado el PNV es que las elecciones vascas se celebren sin distorsiones. Por eso ve con malos ojos la celebración de 'superdomingos': que las autonómicas coincidan con generales o, en este caso, las catalanas. El solapamiento de campañas, en su opinión, no permite centrar el debate en la «agenda vasca» y vender al electorado la gestión del Gobierno de Urkullu. De coincidir con los catalanes, además, obligaría al PNV a reforzar su discurso soberanista.

Y es ahí donde surge el problema. Porque el anuncio de Torra obliga al lehendakari a moverse con cautela. El esquema negociado por el Govern y los comunes, su más que probable socio presupuestario, era que las Cuentas aprobadas ayer por el Ejecutivo de Torra se votasen el 4 o el 5 de marzo en el Parlament. El president anunció en su comparecencia de urgencia que una vez resuelto este trámite convocará elecciones. La legislación obliga a que transcurran dos meses antes de colocar las urnas. Así que como muy pronto los comicios serían en mayo. Es decir, casi al mismo tiempo que cuando los partidos vascos ven elecciones en Euskadi.

En Lehendakaritza mantienen el discurso oficial. Que la fecha definitiva no está decidida y que en ningún caso lo que suceda en Cataluña influirá en Urkullu, que es quien tiene la última palabra. Se aferran a un argumento real: las pocas certezas que ofrece Torra. Porque el hecho de que el máximo responsable de la Generalitat anunciase ayer que convocará las elecciones en cuanto apruebe los Presupuestos no significa que tengan que ser en mayo. No se descarta, incluso, que se retrasen hasta después de verano.

Un escenario demasiado abierto como para hacer predicciones, insisten desde Lehendakaritza. Pero la realidad es que Urkullu y el PNV harán todo lo posible para alejarse lo más posible de las elecciones catalanas. Y si Torra las convoca en mayo, el lehendakari, y Sabin Etxea, tendrán que volver al plan original: que los comicios vascos sean después de verano.