El juez García-Castellón acusa a «miembros del Gobierno» de «amplificar» la campaña de acoso tras señalar a Iglesias

El juez del 'Caso Dina' Manuel García Castellón ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial la campaña de amenazas, coacciones y hostigamientos en redes sociales y en «algunosa medios de comunicación» que se ha desatado contra él a raiz de que el pasado miércoles pidiera al Tribunal Supremo que investigara a Pablo Iglesias por denuncia falsa, daños informáticos y revelación de secretos en el denominado 'caso Dina'.

Ya el jueves, la Guardia Civil abrió una investigación, tras una primera denuncia del magistrado ante la Fiscalía, para tratar de determinar las personas que están detrás de las amenazas y el hostigamiento. Pero en esta ocasión, el instructor va más lejos y acusa directamente a dirigentes de Podemos y a miembros del Gobierno de estar alentando esta campaña.

El magistrado indica que los mensajes contra su persona son «repetidos y amplificados por muchos de los dirigentes, «entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional».

En un escrito dirigido al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional explica que esa campaña pretende «restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada sobre el vicepresidente» , «deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados» e i»ntimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campañ»a, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de «una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política».

García Castellón adjunta la denuncia que en el día de ayer presentó ante la Policía por la naturaleza y la gravedad de los mensajes vertidos contra su persona y que podrían revestir carácter de infracción penal.

Por último, el magistrado manifiesta que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel y recuerda que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo «no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida».