La familia de Cabacas acudirá a Europa y a la ONU para tener un juicio «con garantías»

La familia de Iñigo Cabacas llevará el caso a la ONU. En concreto, acudirá al Comité de Derechos Humanos para que analice el procedimiento que ha llevado a cabo la justicia en España. Lo hará después de que el Tribunal Supremo haya decidido desestimar tanto su recurso como el del ertzaina condenado, Juan José de Pablo, el agente de mayor rango en la zona de Bilbao en la que se produjo la carga policial con pelotas de goma que provocó la muerte al joven aficionado del Athletic en 2012. Un fallo, que han recibido «con mucha rabia».

La Sala de lo Penal del alto tribunal rechazó el lunes las pretensiones de la acusación particular, que pedía que se revocase la absolución de los otros cinco ertzainas que se sentaron en el banquillo, y para los que la familia pedía 4 años de prisión. Los magistrados también han fallado en contra de los argumentos de la apelación del único condenado y confirman su pena de dos años de prisión y 6 meses de inhabilitación por «imprudencia grave profesional». El oficial, ya jubilado, no entrará en prisión.

La resolución judicial de la Audiencia de Bizkaia ahora confirmada apuntaba que la carga de la Ertzaintza en el callejón de María Díaz de Haro no estuvo «justificada» porque no existió una «lluvia» de objetos contra los agentes. Además, incidió en que la investigación que realizó la Policía vasca después del pelotazo fue «deficiente». No se pudo determinar quién realizó el disparo mortal, lo que llevó al tribunal a considerar que el oficial condenado tuvo gran responsabilidad en la intervención por ser el de mayor rango.

En comparecencia pública este mediodía en Bilbao, el padre de Manu Cabacas, padre de Iñigo, ha reconocido que albergaba alguna esperanza después de «no entender» la sentencia dictada en su día por la Audiencia de Bizkaia. «Pero ha sido más de lo mismo», asumía, en alusión al posterior varapalo del Supremo. «Hartos», ha añadido, llevarán el caso ante el Comité por el derecho a un juicio justo, así como ante el Relator Especial del Alto Comisionado europeo, que supervisa las actuaciones de jueces y fiscales, para que elabore un informe sobre la investigación. «No pido que me den, pero que no me quiten», ha afirmado.

Por su parte, la abogada de la familia, Jone Goirizelaia, ha lamentado que el Supremo, a su entender, no entrara en el fondo de los recursos y se centrara, ha censurado, en ratificar la resolución de la Audiencia. En este sentido, la letrada ha defendido como única opción llamar a la puerta de Europa para «pedir justicia».