Casado promete una ley para acabar con los homenajes a etarras si llega al Gobierno

El líder popular aprovechó el viento de cola de la polémica que se ha generado en torno a la marcha que Sare iba a haber celebrado ayer en Mondragón para pedir la excarcelación del sanguinario etarra Henri Parot. Sobre el terreno en la localidad guipuzcoana, Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización de Génova, redondeó el mensaje y acusó a Sánchez de ser «el pastor de los lobos que quieren que España desaparezca» y de estar «al lado de los terroristas». En tono muy duro, le instó a «elegir entre estar con las víctimas o con los verdugos, aquí no cabe la equidistancia».

La propuesta de Casado -que rescató una proposición de Ley Orgánica que ya presentó su grupo en abril- plantea como principal novedad que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno puedan suspender «reuniones o manifestaciones cuando se organicen para recibir y rendir homenaje» a autores de diversos delitos, entre ellos los de terrorismo. «Incluidos los que se pretendan realizar con motivo de que el penado disfrute de permiso penitenciario o de libertad con carácter provisional o definitiva», reza el texto. Es decir, los 'ongi etorri'. Y es que el PP ha acusado en repetidas ocasiones al Gobierno -la última, ayer- de permitir los homenajes a etarras.

Lo cierto es que la prohibición de los actos de homenaje, así como los 'ongi etorri', es algo complejo. Los colectivos de víctimas denuncian que constituyen un delito de humillación, contemplado en varias leyes tanto de ámbito estatal como autonómico. Leyes, además, que instan a las autoridades a evitar actos que puedan entrañar «descrédito, menosprecio o humillación» a las víctimas.

El problema es demostrar que un delito se va a cometer antes de que tenga lugar. Por eso, las instituciones remiten estas cuestiones a la Justicia, que en los últimos años ha establecido una doctrina que los enmarca dentro de la libertad de expresión y el derecho de reunión. Lo que sí hacen los jueces es instar a las autoridades a que velen por que, durante la celebración del acto, no se cometan los delitos mencionados. Es decir, no se puede actuar 'ex ante'.

Estos argumentos son los que utilizó esta misma semana la Audiencia Nacional para evitar prohibir la marcha por Parot. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por su parte, señaló que ese acto no requería de autorización, sino que solo debía ser comunicado.

En cualquier caso, para que el líder popular pudiese cumplir su promesa tendría que aprobar una ley orgánica. Para ello precisa de una mayoría absoluta, como la que tuvo Rajoy. Y entonces no impulsaron este tipo de iniciativas, algo que ya criticaron diferentes colectivos de víctimas.

El anuncio de Casado llegó después de que miembros de su partido participasen en diferentes actos para contraprogramar los convocados por Sare. Así, destacados dirigentes del PP participaron en las ofrendas florales de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en San Sebastián, Madrid, Zaragoza y Granada, escenarios de algunos de los atentados más sangrientos de Parot. Su vicepresidente, Víctor López, denunció que el Gobierno «tiene a las víctimas en el sótano de la sociedad, mientras los terroristas están en el quinto piso».

Asimismo, el PP se concentró en Mondragón en un acto de «desagravio» a las víctimas. Estuvieron Beltrán y el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, así como la cúpula del partido en Euskadi y numerosos cargos. El líder de los populares vascos reivindicó que «la calle es de la gente de bien, de los vascos y del resto de los españoles demócratas y de las víctimas, pero nunca de los terroristas ni de sus cómplices».

Antes de estas intervenciones, se guardó un minuto de silencio por las 39 víctimas de Parot. A sus espaldas, una pintada rezaba 'Faxistak kanpora' (Fuera fascistas). Tras esa pared, hace 24 años, estuvo secuestrado durante más de 500 días José Antonio Ortega Lara.