El PNV busca fórmulas para que los expertos reconduzcan la reforma del Estatuto

Andoni Ortuzar ya aclaró el viernes en el arranque del curso político en Zarautz que esas bases no son un «dogma de fe» inamovible, pero también advirtió a las fuerzas «minoritarias» de que no admitirá «vetos» que impidan a Euskadi «decidir su futuro». En ese contexto, el PP pide empezar de cero el debate sobre la reforma con los partidos que «creen» en el Estatuto; Podemos demuestra que ha aprendido de la nefasta experiencia catalana y se aleja radicalmente de cualquier acuerdo en clave identitaria; EHBildu presiona para mantener el «histórico» acuerdo y dejar en evidencia al PNV; y los socialistas vascos avisan de que «no nos vamos a hacer nacionalistas» y confían en que la nueva fase de los trabajos sirva para subrayar las muchas «coincidencias» que ya se dan entre los partidos. Un galimatías de difícil solución porque además diversos juristas ya han advertido de que esa labor debe ser meramente «técnica» y de que no se puede pretender que sean ellos quienes hilvanen los consensos políticos transversales que los partidos no han sido capaces de alcanzar.

Lo que se descarta, en principio, es que el PNV arroje al cesto de la basura el acuerdo con EHBildu para rehacerlo de cero. Distintas fuentes conocedoras del proceso coinciden en que el grupo parlamentario, comandado por Joseba Egibar, logró llevar las propuestas jeltzales más allá de lo que Sabin Etxea y Ajuria Enea estaban dispuestas a admitir y más allá incluso del listón que marcaba la iniciativa que el PNV había presentado de salida. Como resultado, un acuerdo con aristas muy incómodas para Urkullu pero también para Ortuzar –la distinción entre nacionalidad y ciudadanía, la recuperación de la consulta habilitante– que además desborda la legalidad vigente y al que, por lo tanto, le esperaría un nulo recorrido en las Cortes, como este domingo advertía en este periódico la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Celaá.

De ahí los emplazamientos del lehendakari a «ensanchar» los consensos para garantizar que la reforma del Estatuto tenga «recorrido institucional» y no acabe sobre la mesa del Constitucional a las primeras de cambio, y las apelaciones del PNV en ese sentido. Los jeltzales tienen claro que la clave está en acertar ahora con la «metodología» de trabajo que los partidos acuerden, «que en este momento es tan importante o más que los contenidos», según las fuentes consultadas. De ese modo, el PNV podría asumir el texto que alumbren los expertos, cuyos nombres se guardan en secreto antes de que sean hechos públicos este viernes.

La opción de encargar a los expertos que plasmen en artículos las bases soberanistas acordadas no convence a nadie. La opinión generalizada es que eso conduciría a un callejón sin salida y a invertir tiempo y recursos en una mera «declaración política» sin ninguna opción de llegar a ser aprobada. «Para eso ya está el plan Ibarretxe, que además se sacó adelante con mayoría absoluta», admiten los propios nacionalistas. Dejar «abierto» el mandato a los técnicos tampoco parece la solución porque «eso reproduciría otra vez» los esquemas de la ponencia y conduciría a la comisión técnica al fracaso. La vía que cuenta con más apoyos es que los juristas, teniendo en cuenta también los votos particulares, puedan «pulir» la reforma para que, una vez vuelva al Parlamento, pueda contar con más adhesiones de las que ahora tiene. ¿Significa eso un encargo expreso de ajustarse a la «legalidad»? Seguramente no en esos términos porque obligaría al PNV a admitir que lo acordado hasta ahora la desborda. Y ya han avisado de que no se dejarán constreñir por el «estrecho corsé constitucional» con que los no nacionalistas abordan, en su opinión, el debate.

La duda estriba en cómo va a acometer esa tarea un grupo de juristas de ideología dispar. De lo que no hay duda es de que nadie tiene prisa por concluir el texto articulado, que no se prevé que vuelva a la Cámara para ser debatido en comisión hasta mediados o finales de junio de 2019. Es decir, después de la crucial cita electoral de mayo. Una nueva patada hacia delante que no evitará, según han asumido los grupos, que la cuestión del nuevo estatus se convierta en el epicentro de la campaña electoral.