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Hoy se cumplen 1.617 días con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin renovar. Cuatro años y medio en los el PSOE y el PP han sido incapaces de cumplimentar el el procedimiento constitucional de renovación del órgano de gobierno de los jueces. ... Este lunes, por enésima, tuvo que ser Bruselas la encargada de sacar los colores al Gobierno y, por ende, al principal partido de la oposición. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha aprovechado su visita a Madrid para advertir delante del Rey y de la ministra de Justicia, Pilar Llop, de que la situación es insostenible y que se debe proceder a la renovación de forma inmediata. Detalló, en este sentido, que sería «positivo» que fuera antes de que comience la presidencia semestral española de la Unión Europea el 1 de julio.
Las advertencias vienen de lejos y se plasmaron, incluso, por escrito en las recomendaciones anuales que publica el Ejecutivo comunitario en relación a la salud del Estado de Derecho de los Veintesiete. Este lunes, en un acto organizado por la World Jurist Association (WJA) en el que estaba presente Felipe VI, Reynders se refirió, precisamente, a este informe para recordar que Bruselas se tome este tema muy en serio: «Majestad, recomendamos proceder con la renovación del CGPJ como cuestión prioritaria e iniciar de forma inmediata tras la renovación un proceso para adaptar la designación de sus jueces que tenga en cuenta los estándares europeos».
He aquí la clave de todo. Los socialistas quieren mantener el sistema actual de elección del CGPJ (las Cortes Generales siempre tienen la última palabra a la hora de elegir a sus 20 miembros), mientras que los populares exigen un modelo en el que los jueces sean mayoría eligiendo al menos a 12 de 20 integrantes del CGPJ.
Y lo peor está por llegar ya que este mismo mes se publicará el nuevo informe y el mensaje será incluso más crítico que el del año pasado, como aseguran fuentes comunitarias. Los esfuerzos comunitarios para desbloquear la situación no están teniendo ningún efecto, como admitió el comisario. En todo lo relativo al Estado de derecho y a los desafíos a que se enfrenta, explicó, la Comisión siempre intenta entablar primero un diálogo con el Estado miembro concernido, «pero desafortunadamente el diálogo no siempre trae resultados».
En este sentido recordó que Bruselas siempre opta por un «enfoque dual» sustentado en el diálogo y, cuando es necesario, «acciones decisivas». Así, advirtió de que «podemos lanzar procedimientos de infracción y en último término recurrir al Tribunal de Justicia de la UE». Esta primera opción ya se ha empleado con Polonia, recordó a modo de advertencia.
Asimismo, existen nuevos instrumentos, como la condicionalidad de los fondos. En este sentido, recordó que Bruselas lanzó un procedimiento de condicionalidad presupuestaria contra Hungría el año pasado, lo que bloqueó fondos de cohesión para este país. Además, se han establecido una serie de hitos en el caso de ambos países relacionados con esta materia que se deben cumplir para que reciban fondos europeos para sus respectivos planes de recuperación.
La enésima advertencia comunitaria llega en precampaña, con las espadas entre el PSOE y el PP en todo lo alto echándose mutuamente la culpa del bloqueo. De ahí que la esperanza de que haya un acuerdo es mínima por no decir nula.
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