Broche de oro al juicio del 'procés'

Los nueve acusados presos han sido condenados a penas que van de 9 a 13 años de prisión por los delitos de malversación y sedición. Se ha resuelto así finalmente lo que constituía la principal incógnita del proceso; esto es, la determinación de si las conductas de los acusados encajaban en el tipo penal de la rebelión o en el de la sedición. Y se ha confirmado que la gravedad de los comportamientos de los acusados en modo alguno podía desembocar en una sentencia absolutoria. Ante un intento de subversión violenta del orden constitucional ningún Estado de Derecho puede permanecer inerte. El Estado está obligado a defenderse y la jurisdicción penal es uno de los principales instrumentos para llevar a cabo esa defensa. La sentencia debe ser considerada ante todo como un formidable triunfo del Estado de Derecho.

La calificación de los delitos como constitutivos de sedición y no de rebelión implica lógicamente unas penas más reducidas, pero que en modo alguno pueden ser consideradas leves. En todo caso, hay que subrayar que el tribunal no ha accedido a la solicitud del Ministerio Fiscal de aplicar el artículo 36. 2 del Código Penal que limita el acceso al tercer grado penitenciario (régimen de semilibertad) al cumplimiento de la mitad de la condena. Ante esa posibilidad, el Supremo subraya que cualquier decisión en la materia podrá ser impugnada en su momento por el fiscal y resuelta por el Poder Judicial.

La condena por sedición está claramente fundamentada. La sedición es uno de los delitos más graves contra el orden público; es decir, contra la paz social y contra la convivencia pacífica. Se ha probado más allá de toda duda razonable que los condenados promovieron «alzamientos públicos y tumultuarios» para evitar el cumplimiento de las leyes y de resoluciones judiciales. Se han probado no solo los hechos -lo cual es sumamente sencillo-, sino también la intención de los autores; esto es la motivación, de sus conductas.

En este contexto, lo más relevante de la sentencia es que el Tribunal Supremo ha descartado el delito de rebelión. Ello no supone, como algunos comentarios interesados han anticipado, que las tesis del juez instructor, Pablo Llanera, y del Ministerio Fiscal que contenían un relato riguroso y bien construido sobre la rebelión estuvieran erradas. Lo que ha ocurrido es que el delito no ha podido ser probado. Lo cual, dada la dificultad probatoria, resulta perfectamente comprensible.

El tribunal desmonta por completo las teorías del «golpe pacífico» y afirma con claridad que el 'procés' distó mucho de ser pacífico. Hubo violencia, y no poca, tanto el 20 de septiembre de 2017 como el 1 de octubre. El requisito de la violencia exigido por la rebelión ha quedado probado. Que esa violencia objetivamente suponía un atentado al orden constitucional y no solo al orden público también queda acreditado. ¿Por qué se descarta entonces la rebelión? El argumento determinante, contundente y claro no gira en torno al nivel o grado de violencia. El tribunal no asume el disparatado criterio del juez regional alemán que negó la euroorden de entrega de Puigdemont según el cual la violencia debe revestir la intensidad necesaria para doblegar al Estado. En ese caso no habría habido juicio alguno. Si no hay rebelión es porque no se ha logrado probar que toda la violencia desatada en los aciagos meses de septiembre y octubre de 2017 respondiera a un plan premeditado concebido por los acusados. La violencia requerida para la rebelión, afirma el Supremo, debe ser «instrumental, funcional, preordenada de forma directa» para lograr los fines de la rebelión. Se ha probado incluso que los acusados no descartaban que la violencia se produjera, pero no que la planificaran premeditadamente. En la medida en que los rebeldes no formulan su plan ante notario, esto resulta muy difícil de probar (salvo testimonios contundentes u otras pruebas documentales), y en este caso no ha podido ser probado. Como consecuencia del garantismo inherente al Estado de Derecho que los acusados pretendían destruir, si no se prueba el tribunal debe descartar -como ha hecho- la existencia del delito. Y lo ha hecho en una meritoria sentencia que hará historia.