Una brecha constitucional de cuarenta años en Euskadi

Tras casi cuatro décadas de dictadura franquista, el parto de la Constitución española debía ser costoso a la fuerza. «Fueron días muy tensos», coinciden, por ejemplo, Arzalluz y Garaikoetxea, dos políticos que apenas se prodigan ahora en los medios de comunicación. Arzalluz, entonces portavoz del grupo peneuvista en el Congreso, sostiene que «el Gobierno de Suárez y los dos grandes partidos, UCD y PSOE, cometieron un grave error al negarse a asumir la especificidad de la causa nacional vasca. Desperdiciaron una oportunidad histórica y cedieron ante presiones injustificables». Como resultado, nació una vía «por la que Madrid pasea su apisonadora uniformizadora», denuncia. Por su parte, Garaikoetxea, entonces presidente de la Ejecutiva del PNV, que se abstuvo en el referéndum, recuerda como «un drama tener que soportar el acoso físico, no solo dialéctico, en la fase final del debate en el Senado por decenas de senadores empujados por Abril Martorell (UCD), que me responsabilizaban de la no aceptación del texto», lamenta el que fuera luego lehendakari y fundador de EA, partido integrado ahora en la coalición EH Bildu.

El PSE, UCD y los comunistas fueron los únicos que hicieron campaña por el 'sí' en Euskadi mientras Alianza Popular se dividía entre partidarios y detractores. El socialista Maturana, por entonces diputado en Madrid, recuerda su padecimiento: «Los socialistas sufrimos boicots, nos arrojaban piedras. Fue algo realmente duro pero dimos la cara porque es lo que había que hacer». Mayor Oreja, entonces líder de UCD en Gipuzkoa, va más allá. «Justo al aprobar la Constitución viene la ofensiva más feroz de ETA, que empezó a asesinar a miembros de UCD, confirmando que no quería tanto acabar con Franco como con España y la Constitución». Lo cierto es que 1978 fue un año complejo. Algunos nostálgicos de la dictadura no querían pasar página y ETA confirmaba su voluntad de seguir matando al no considerar democrática la nueva norma de convivencia. De hecho, la víspera del referéndum constitucional, asesinaba en San Sebastián a dos policías nacionales y un municipal. En medio de ese avispero, la abstención se elevó en Euskadi hasta el 55%, aunque siete de cada diez ciudadanos de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba que acudieron a las urnas refrendaron la Carta Magna. Una proporción que baja a tres de cada diez si se cuenta el censo en su conjunto.

Arzalluz recuerda aquellas largas «gaupasas» con «más paciencia que el santo Job» y las eternas negociaciones del hotel Palace con un Gobierno de la UCD que «brilló por su falta de formalidad». «Hasta nos plantearon si estaríamos dispuestos a votar a favor de una enmienda que afirmara la irreformabilidad de la unidad de España», recuerda, todavía incrédulo, el que fuera presidente del Euzkadi Buru Batzar hasta 2003. El PNV quedó fuera de la Ponencia Constitucional y vio, asegura Arzalluz, cómo «nos metieron un texto tan brutal como el artículo octavo, que otorga a las Fuerzas Armadas y los militares la facultad de ser garantes de la Constitución. Solo por eso, no aceptaríamos nosotros una Constitución, ni como vascos ni como demócratas».

Garaikoetxea relata que «el asunto comenzó mal. El nacionalismo impositivo español afirmaba la unidad de España en un clima postfranquista, por lo que era testimonialismo puro exigir el derecho de autodeterminación». Los jeltzales apostaron por reclamar la «restauración foral plena» aunque Garaikoetxea, encargado de dar directrices a los diputados y senadores que negociaban en Madrid, quedaba en una difícil posición al vincular los ponentes de la Carta Magna los derechos históricos vascos al marco de la Constitución. «Un corsé que los desnaturalizaba», lamenta. Las dudas internas del PNV acabaron «en una abstención» mientras el otro referente abertzale, la incipiente HB, votaba directamente 'no'.

En este sentido, el socialista Maturana es muy crítico con la «gran irresponsabilidad del nacionalismo vasco». «Falleció Juan Ajuriaguerra, con el que el PNV habría votado que 'sí', y llegó Garaikoetxea, que era contrario. Hasta Arzalluz estaba al principio a favor aunque creo que su partido le obligó a recular», asegura Maturana, quien luego coincidiría en los noventa con los jeltzales en las coaliciones en el Gobierno vasco. En este punto, el socialista donostiarra elogia la figura del desaparecido Txiki Benegas, que participó en las negociaciones del Título VIII, el que configuraba el Estado de las Autonomías, que defendió en un pleno frente a un Manuel Fraga que le contestaba estirándose unos grandes tirantes con la bandera de España. «Txiki intentó que el PNV votase a favor pero no se pudo lograr».

Mayor Oreja, actualmente presidente de la fundación Valores y Sociedad, concluye que, a pesar del rechazo del PNV «la Constitución alcanzó un resultado razonable en el País Vasco». El entonces dirigente centrista recuerda el escepticismo nacionalista. Rememora una charla en San Sebastián en la que Joseba Elosegi, el militante abertzale que años antes se había quemado a lo bonzo con una ikurriña en la capital donostiarra para protestar por la presencia de Franco, le expresó en voz alta sus temores de que «el Concierto Económico no se lograra con la Constitución». «No ha sido así», se felicita Mayor.

El 40 cumpleaños de la Constitución llega en un momento de zozobra política en España, con el procés independentista en Cataluña, el cuestionamiento de la monarquía o la irrupción de la ultraderecha. En Euskadi, las formaciones se dividen sobre si el futuro estatus debe incluir el derecho a decidir. Sobre este asunto, Arzalluz conserva unas palabras que pronunció en el Congreso y que, «a la luz de la historia de estas cuatro décadas, creo que fueron premonitorias. Dije que no son las autonomías las que provocan secesiones, y sí los unitarismos y uniformismos, que son los que arrasan pueblos, conciencias y personalidades». Como receta, cree que la reciente enmienda del PNV en el Parlamento vasco a la declaración sobre el aniversario de la Carta Magna da «la clave de la solución»: «La Constitución deberá incorporar el principio de libre determinación, en orden a que los pueblos y naciones ejerzan su derecho a decidir libremente qué relación tendrán con el Estado español. Esta es la cabal actualización de los derechos históricos», defiende.

Por su parte, el exlehendakari y fundador de EA también cree que «es imprescindible remediar el error del 'café para todos' que fue el marco autonómico diseñado artificialmente, cuando la cuestión nacional (que requeriría un marco confederal o federal con derecho de autodeterminación), solo se da en Euskal Herria y Cataluña, y en cierta medida, en Galicia», concluye Garaikoetxea.

Maturana y Mayor Oreja se oponen a la reforma. El socialista la ve imposible porque «no hay acuerdo ni consenso de ningún tipo». «Nacería muerta mientras los independentistas sigan insistiendo en que sin independencia no hay nada». El exdiputado del PSE sí admite «unos retoques», aunque la madre del cordero sería «un estudio serio con expertos para hacer frente al solapamiento de competencias y mejorar los grandes temas como Sanidad o Educación». Por último, el exministro del PP se pregunta «cómo se va a reformar la Constitución si se quiere destruir». Según el diagnóstico de Mayor, «estamos viendo un intento de segunda transición a raíz del acuerdo entre ETA y Zapatero (tras el proceso de paz de 2006 con el Gobierno socialista) para abrir una etapa pseudoconstituyente y que el nacionalismo alumbre el ejercicio del derecho de autodeterminación».

La conmemoración del 40 aniversario de la Constitución ha puesto en valor la labor de los dirigentes políticos que protagonizaron aquel momento clave, en contraposición al actual clima marcado por los cruces de descalificaciones y desplantes en el Congreso. Arzalluz se muestra duro ante este «vergonzoso histrionismo», pero «lo trascendental es el mal de fondo». «Me preocupa que sea una señal de la descomposición de la democracia. No puede ser que haya parlamentarios en la cárcel y un president, Puigdemont, en el exilio. ¡Exiliados y presos políticos en una Europa y un Estado que se llama de derecho! Y ¡¿aquí no pasa nada?!», exclama indignado, mientras pide espolear a la juventud ante la «avalancha neofalangista». Garaikoetxea cree que quizás «hace 40 años hubo mucho idealismo e ilusión que hizo comprometer a lo mejor de la intelectualidad y los profesionales en aquella aventura», aunque se muestra prudente en «evitar la tentación de los 'ex' que dan lecciones a los actuales responsables políticos».

José Antonio Maturana sí es más crítico y cree que «se ha perdido un poco el respeto por todos, sobre todo por algunos que quieren que el Congreso y el Senado sean un altavoz para sus reivindicaciones, pero creo que la mayoría se comporta correctamente». Por último, Jaime Mayor observa con preocupación «un proceso de deterioro creciente del prestigio de lo público y un déficit de proyecto político. Es un proceso inexorable de crisis del hombre político fruto de una crisis de naturaleza moral en la sociedades occidentales».