El Parlamento verde en Euskadi

También está alineada con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno Español que tiene como objetivo la transformación del modo de vida de toda una sociedad. Una ley que, además, busca ayudar a organizar todas las acciones, tanto las del Gobierno como las del sector privado, el sector inversor y las del resto de la ciudadanía hacia un objetivo común, una transición ecológica justa.

Precisamente el tema de la transición energética justa ha estado detrás del trabajo parlamentario desarrollado en los últimos meses en los que los partidos del Gobierno, PNV y PSE y el principal partido de la oposición, EH Bildu, han introducido 200 enmiendas que van a permitir lograr un gran consenso que impedirá que se abra una guerra cultural alrededor de las políticas del cambio climático, retirando el populismo ambiental de la próxima campaña electoral. La nueva ley rebajará el ruido político interesado alrededor de las necesarias infraestructuras renovables que se desplegarán en nuestro territorio los próximos años.

La nueva ley obligará a los gobiernos a dedicar un 2,5% del Presupuesto a las acciones climáticas y permitirá que las empresas de las zonas afectadas y sus ayuntamientos puedan beneficiarse del desarrollo de las grandes infraestructuras de renovables en su territorio accediendo al 20% de la propiedad de los proyectos si lo consideran de su interés. Y las empresas que ejecuten megaproyectos fotovoltaicos o eólicos pagarán un canon que se destinará a todo el territorio que se vea afectado por el desarrollo de las renovables.

También se avanza en la participación ciudadana a través de la formación de la Asamblea del Clima y la activación de un proceso deliberativo para socializar e implicar a la ciudadanía en este nuevo gran Pacto Social que se ha alcanzado en Euskadi alrededor del clima. La mayoría de la ciudadanía vasca ya percibe que si tuviéramos una fuente de generación de energía más cercana los precios serían menores y que si tuviéramos más energía renovable no se dependería tanto del gas y la transición sería más rápida. La ciudadanía pedía información, participación y una mejora de la redistribución de la riqueza generada por las energías renovables. La nueva ley es una buena noticia para el futuro de nuestro territorio y sus habitantes y para la salud de la democracia parlamentaria.