La democracia y los empresarios

En la escuela concertada se sigue cobrando de forma ilegal a pesar de la nueva legislación enfocada a extinguir esta mala práctica. Según un estudio elaborado por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade), en el conjunto del Estado, incluida Euskadi, entre un 81% y un 95% del alumnado paga cuotas en estos centros, a pesar de que están prohibidas.

Desde la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones en 2023, las llamadas comerciales realizadas sin el consentimiento previo del usuario son ilegales en España. Todos, en mayor o menor medida, seguimos recibiendo llamadas no deseadas e ilegales y cada uno se defiende como puede.

El cartel, opinan en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es la conducta más dañina de todas las que atentan contra la competencia y los derechos de los consumidores. En los últimos años se pueden rastrear multas millonarias a las empresas de construcción, recogida de basuras, operadoras telefónicas o farmacéuticas por prácticas fraudulentas de cártel. En una de las últimas, la mayoría de las comunidades autónomas, incluida Euskadi, reclaman 1.750 millones de euros al cartel de los pañales para adultos por el fraude que hizo que se pagara durante 17 años un sobrecoste ilegal por este artículo de primera necesidad.

El cumplimiento de la normativa vigente debería ser un principio básico de la acción empresarial. El pacto ético que se enfoca a la clase política, a los representantes y que simultáneamente han puesto sobre la pista en este curso tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el de Pradales para proteger nuestra democracia, debería ampliar el enfoque a la clase empresarial y al mundo de la empresa por el peso de su influencia política y de su capacidad para generar valores como el cumplimiento de la ley, principio básico en cualquier ideal democrático. El pacto por una actividad política ejemplar debería ampliarse a la esfera del poder económico. Es verdad que si el sistema político no es capaz de garantizar la dignidad, libertad e igualdad de todas las personas, la ciudadanía deja de confiar en la democracia. Pero también es verdad que toda la culpa y responsabilidad del deterioro de la reputación de la democracia como mejor forma de gobierno no la tienen en exclusiva los políticos y la clase política.