1975

Desde que fue designado sucesor del Generalísimo con título de Rey Juan Carlos I se abrió un debate limitado sobre las posibilidades de evolución jurídica del régimen franquista en el que tomó ya fuerza la idea de presentar a referéndum una nueva Constitución que sustituyera las anteriores leyes fundamentales franquistas. En esta polémica alcanzó una gran repercusión el estudio que uno de los padres de la Constitución, Herrero de Miñón, publicó en Cuadernos para el Diálogo titulado El Principio Monárquico en el que, aparte de negar la inmutabilidad de los principios generales del Movimiento, abría la posibilidad de que el Rey planteara al pueblo mediante un referéndum una nueva Constitución democrática con tutelas que no incluía la convocatoria de una asamblea constituyente.

Esta preferencia inicial ha sido sostenida por la mayoría de los estudios sobre la Transición política que atribuyen al gobierno regio el intento de controlar al máximo el proceso. Durante este periodo, las únicas propuestas que se hicieron para crear un nuevo marco institucional, mediante la alteración de las leyes fundamentales franquistas, fueron los proyectos que redactó una Comisión Mixta del Gobierno y el Consejo Nacional del Movimiento. En esta primera tentativa, solo se autorizaba la participación en el proceso constituyente a actores políticos provenientes del franquismo que debían su nombramiento directamente al anterior jefe del Estado.

Esta Comisión Mixta se reunió por primera vez el 11 de Febrero de 1976, bajo la presidencia de Carlos Arias. Gracias a la publicación de las memorias de distintos protagonistas de esta Comisión y a los textos originales que recogen distintos libros, es posible recomponer la primera tentativa de creación constitucional tras la muerte del General Franco. En la nueva Constitución aparecerían demasiadas instituciones fuera del control democrático (Gobierno, Jefatura del Estado, Consejo del Reino, Senado,) para que pudiera ser reconocida por una oposición que comenzaba a organizarse en el interior de España. El rechazo de la oposición a este texto fue contundente y este proyecto unilateral moriría el 11 de junio de 1976. No se incluían ni la libertad de partidos, ni el pluralismo sindical, ni la autonomía de las regiones ni los clásicos dispositivos para responsabilizar el poder. Incluso la universalización del sufragio universal quedaba vinculada a la representación familiar.

La contestación de la oposición a estas propuestas unilaterales fue nítida y explícita en el manifiesto por el que se fusionaban la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia, que aglutinaban a la oposición al franquismo, en el que se oponían a la continuidad del régimen y pedían la realización de una ruptura o alternativa democrática mediante la apertura de un proceso constituyente. La apertura de un proceso constituyente fue una conquista. Sin oposición no se habría llegado a la Ley para la Reforma Política que abría la puerta a las primeras elecciones democráticas de 1977 que posibilitaron que las Cortes se convirtieran en constituyentes. Si la conmemoración del final del franquismo sirve para situar la conquista de la democracia a la altura de los pactos, habrá valido la pena.