El bloqueo del CGPJ mantiene sin renovar tres puestos clave de la judicatura vasca

A la falta de renovación de los vocales del CGPJ, una tarea pendiente desde diciembre de 2018, se le sumó la aprobación, en marzo de 2021, de una reforma legal que limitó sus competencias mientras permanezca en funciones. Un cambio normativo con el que PSOE y Unidas Podemos, apoyados por la mayoría de la investidura, lograron que los actuales miembros, de mayoría conservadora, dejaran de realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial. No en vano, habían completado más de 80 desde que comenzó la situación de provisionalidad.

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Mateo Balín

Apenas tres semanas antes de que entrara en vigor la reforma, Euskadi evitó in extremis que ese bloqueo reforzado impidiera la renovación del puesto más importante de la judicatura autonómica. Tras varios retrasos a expensas de un posible acuerdo PSOE-PP, el Consejo aprobó por la mínima el nombramiento de Iñaki Subijana como presidente del TSJPV. Llegó al cargo en sustitución de Juan Luis Ibarra, que se había jubilado en junio de 2020, y tras nueve meses de interinidad de Garbiñe Biurrun, que en ese mismo pleno quedó ratificada para un tercer mandato al frente de la Sala de lo Social del propio Tribunal Superior.

Sin embargo, otras tres plazas clave no llegaron a tiempo. Una de ellas es precisamente la que Subijana dejó vacante al asumir su nueva responsabilidad: la presidencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Su mandato finalizó en abril de 2021 y desde entonces este cargo lo desempeña en funciones Yolanda Domeño, presidenta de la Sección Segunda de ese tribunal. Esta misma situación tiene su réplica en la Audiencia de Álava. La magistrada Mercedes Guerrero, que fue la principal rival de Subijana en la carrera para encabezar el TSJPV, concluyó su segundo mandato en enero de 2021. Desde entonces permanece en funciones.

El tercer cargo que continúa a la espera del desbloqueo es la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV que ostenta Luis Ángel Garrido. Su mandato expiró en octubre de 2020 y, en este caso, se llegó a publicar el documento de bases de la convocatoria para la renovación del cargo. En cambio, la entrada en vigor de la reforma que limitaba las funciones del CGPJ hizo que quedara en papel mojado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo y particularmente su presidente adquirieron un inusitado protagonismo durante la gestión de la pandemia del covid, ya que tumbó hasta en siete ocasiones medidas restrictivas decretadas por el Gobierno vasco, como el cierre de la hostelería en municipios con alta incidencia del virus. El propio Garrido se vio en el ojo del huracán cuando ridiculizó la formación de los epidemiólogos en una tertulia radiofónica, aunque el Gabinete de Iñigo Urkullu renunció a presentar una recusación.