Biografía histórica de la corrupción política en España

Casos de corrupción como el 'Gürtel' que ahora ha conmocionado la política española no son exclusivos de la vida pública del siglo XXI. Por lo menos desde la Restauración han salido a la luz actuaciones en las que los partidos o los dirigentes han buscado fórmulas ilegales para llenarse los bolsillos. El recorrido de estas prácticas -o por lo menos de los casos que salieron a la luz- puede iniciarse en los años 30, seguir con el franquismo, avanzar por la Transición -donde sin embargo no hubo ningún escándalo- y entrar de lleno en la Democracia.

Jaume Muñoz Jofre, autor del libro 'La España corrupta', considera que la clave para entender esta forma de actuar es la impunidad. «Se han producido casos de malversación desde los Gobiernos cuando los políticos ostentaban tal poder que creían que los jueces jamás les tocarían. Ese es el germen de los comportamientos ilegales», asegura. El experto Muñoz Jofre realiza un repaso histórico de los casos que desde el siglo XX se han convertido en el paradigma de la política como fábrica de truhanes.

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El denominado 'caso Straperlo' estalló en 1935, en plena Segunda República, y fue una de las conmociones de la época puesto que obligó al dirigente del Partido Radical, Alejandro Lerroux, a abandonar el Gobierno de Niceto Alcalá Zamora. 'Straperlo' era el nombre de una ruleta manipulada que había sido instalada en los casinos de San Sebastián y Formentor a cambio de unas comisiones pagadas al Partido Radical. Su nombre daría más tarde nombre a los contrabandos internos durante el franquismo.

Lerroux estaba considerado uno de los hombres más inmorales de su época. Un ejemplo: se sacó la carrera de Derecho en un solo día y con varias matrículas de honor. «Estaba implicado en numerosos escándalos, en el que el más pequeño era el de 'Straperlo. Desde las concesiones de la recogida de basura a otro tipo de soborno», asegura Muñoz Jofre. En su opinión, el caso de Lerroux ejemplifica «la corrupción que lleva a cabo un político que durante mucho tiempo estuvo fuera del sistema pero que de repente entró en el juego político como un ventajista».

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En 1969 estalló el 'caso Matesa', uno de los pocos esquemas de corrupción que se hicieron públicos durante el franquismo. El condenado fue Juan Vila Reyes, un industrial catalán que falsificaba sus cifras de exportaciones para cobrar las ayudas oficiales del Gobierno. Su caso superó la censura puesto que en el fondo yacía un enfrentamiento entre los sectores falangistas con los tecnócratas del régimen franquista. Esta batalla obligó a Franco a remodelar su gobierno, una crisis en la que depuró a todos los implicados en esta lucha política. Vila Reyes, que había sido presidente del Espanyol, fue indultado en la transición.

«El 'caso Matesa' es uno de los pocos que salió a la luz durante el franquismo, un régimen que utilizó el miedo y la corrupción como engranajes básicos de su dictadura», afirma Jaume Muñoz. Para el historiador, «ahora empieza a verse en trabajos de expertos como Paul Preston como el propio dictador se enriqueció por prácticas ilegales». «La principal fórmula de ascenso social en el franquismo», continua Muñoz, «fue el pago de favores económicos. Allí nació un clientelismo que aún perdura en la vida política española».

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El caso 'Juan Guerra', nombre del hermano del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra estalló en 1989 y supuso el procesamiento del allegado del 'número dos' de Felipe González por cohecho, prevaricación, y delitos similares. Alfonso Guerra tuvo que dimitir y finalmente su hermano fue condenado por fraude fiscal.

Según Muñoz Jofre, durante la transición apenas hubo casos de corrupción «puesto que accedió al poder una clase nueva que tenía una obsesión renovadora. Todo cambió cuando los Gobierno de Felipe González comenzaron a experimentar lo que era la impunidad. Creyeron que podían hacer un montón de cosas sin rendir cuentas», afirma Muñoz Jofre. «Juan Guerra supuso la instauración de esa figura tan española como es la del conseguidor, alguien que conoce los resortes políticos con los que iniciar una cadena de favores que concluye siempre con sobornos y enriquecimientos ilícitos».

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En los 90, las palabras «Filesa, Malesa y Time Export» iban de la mano en muchas conversaciones políticas. El 'caso Filesa' consistió en un montaje ideado por el Partido Socialista Obrero Español para cobrar comisiones con las que financiar su campaña electoral de 1989. Es paradójico que una parte de la acusación se archivara porque en el momento de los hechos la financiación irregular de partidos no estaba calificada de delito. La coordinadora de finanzas del PSOE, Aída Álvarez, sin embargo, sí fue condenada a dos años de prisión. Para Jaume Muñoz Jofre, «este caso fue el ejemplo de los partidos que comenzaron a buscar vías de financiación ilegales porque las que les proporcionaba el sistema ya no les parecían suficientes». «Se trataba de un modelo copiado de formaciones corruptas francesas y desde entonces no ha parado de repetirse. El 'caso Gürtel' no es más que una continuación», añade.

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Con los Gobiernos de Aznar la corrupción no se detuvo y muchos de los casos que ahora están siendo juzgados se iniciaron en su época. Uno de los ejemplos más paradigmáticos es del de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía, y uno de los grandes ídolos del Ejecutivo de Aznar. Ya ha sido condenado a cuatro años de cárcel por apropiación indebida. «Llego a ser presidente del Fondo Monetario Internacional mientras tenía dinero en paraísos fiscales», recuerda Muñoz Jofre.

Para el historiador, una tarea obligada es examinar las distintas fotos de los Gobierno de Aznar y comprobar quienes no están imputados. «Desde Zaplana a Jaume Matas, o el propio Rato». «Lo menos que se puede decir es que la vigilancia que se llevó a cabo sobre los más altos cargos fue muy leve. Volvemos al punto inicial. La sensación de impunidad que debían tener era tremenda», considera el historiador.

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El caso de los 'ERE' de la Junta de Andalucía lleva ya más de doscientos imputados y en él están siendo investigados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Jose Antonio Griñán. La pesquisas afectan de lleno al Partido Socialista de Andalucía y por ahora el dinero malversado supera los mil millones de euros.

«Los socialistas han gobernado Andalucía desde 1980 sin interrupción. Es sintomático que en la lista de patrimonios oficiales, el PSA esté detrás de la Iglesia en cuanto a bienes inmuebles registrados», explica Muñoz Jofre. El experto insiste. «Sin la sensación de poder absoluto que les otorga el que nadie les haya podido desalojar del poder en la Junta no se habrían atrevido a realizar algo de tanta magnitud».

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Jordi Pujol tuvo que reconocer en 2015 que había ocultado varios millones de euros al fisco. Ese fue el comienzo de una investigación por el enriquecimiento ilícito de su familia que aún sigue en marcha. La implicación del presidente de la Generalitat más poderoso de la democracia -los gobiernos de Madrid dependían de sus votos- en un caso de corrupción fue una conmoción en Cataluña. No tanto porque no se sospecharan las actividades de sus hijos sino porque lo que supuso de ver derrumbarse a un mito nacionalista.

Pujol realizó la siguiente declaración cuando fue citado a declarar en la comisión parlamentaria que investigaba su caso: «Si vas segando la rama de un árbol, al final cae una rama y todos los nidos que hay hasta caer el árbol entero y habrá sido responsabilidad de todos los que han practicado este tipo de política». Para el historiador Jaume Muñoz, «no se puede expresar mejor lo que fue la forma de actuar de Pujol. Contó con las complicidades de todo el mundo, tanto en Cataluña como en Madrid, para seguir enriqueciéndose. Lo que estaba pidiendo con esa frase era más impunidad». El 'caso Pujol' supuso la puntilla a la hegemonía de Convergencia -atrapada en más casos de corrupción como el del Palau y con su sede embargada-, el fin de Unió y un cambio de coordenadas políticas en Cataluña.

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«Hasta mi abuela se llevó un disgusto cuando se enteró de que habían procesado al marido de la infanta Cristina por corrupción», afirma Muñoz Jofre. El 'caso Noos' supuso un escándalo que, por primera vez en la historia reciente, afectaba a la Casa Real. Iñaki Urdangarin, a quien le fue retirado el título de conde de Barcelona, fue condenado a 6 años y 3 meses de cárcel, 7 años y un mes de inhabilitación especial y a abonar una multa de medio millón de euros. Su esposa, la infanta Cristina, fue sentenciada a abonar una multa de alrededor de 250.000 euros. El origen de esta causa fue los manejos ilegales de la sociedad sin ánimo de lucro que ambos habían creado -Noos-, que se servía de contratos irregulares con la administración como fuente de financiación. El ingreso en prisión de los condenados está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo. «Si se estudia la sentencia es posible ver la forma en la que el amiguismo y la presión de personajes importantes era capaz de mover resortes inusitados en todo tipo de administraciones públicas», afirma el historiador.

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El 'caso Gürtel' ha supuesto la mayor condena a un partido en los últimos años y ha dejado al PP como una formación tocada, en la que incluso la credibilidad del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aparece cuestionada por los jueces. Las penas impuestas a cargos como el extesorero del PP Luis Bárcenas, Francisco Correa -el cerebro de la trama- o Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda suman los 351 años de prisión.

Para Muñoz Jofre, «un escándalo de tanta entidad no se había conocido en la democracia. No solo por el dinero, sino por lo que supone de cara a la estructura de un partido». El historiador cree que es hora de que en España se adopten práctica que en otros países sajones ya están avanzadas. «Necesitamos mucha mayor transparencia para que la población se convierta en un sistema de control de los políticos, de forma especial, cuando los sistemas de alerta que debían evitar estos casos se ha demostrado que fallan», asegura.