Bildu rentabiliza en las cárceles su apoyo a Sánchez

EH Bildu hizo una apuesta en junio de 2018. Apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy y la investidura de Pedro Sánchez. Para una formación controlada por una izquierda abertzale poco dada históricamente a participar en la gobernabilidad de España, suponía todo un giro estratégico. Fue el principio de un camino que la coalición soberanista está rentabilizando al máximo.Sobre todo, en las cárceles.

Durante los últimos seis años, EH Bildu ha querido reforzar su papel como referente de la izquierda y como impulsor de un importante paquete de medidas progresistas. Pensiones, sanidad, 'ley mordaza'... Una estrategia que le ha permitido pescar en otros caladeros de votantes, en especial, en el de Podemos.

Pero, aun siendo eso importante, la clave está en las cárceles. «Si no tuviéramos 200 presos dentro, no actuaríamos del mismo modo con este Gobierno. Ni por el forro», reconoció el propio Otegi en 2021 en la charla de Eibar desvelada por EL CORREO.

La cifra de reclusos ahora mismo es bastante menor.Los que se mantienen en la línea oficial son 129. Han ido saliendo los que, básicamente, han cumplido la condena impuesta por los tribunales. Hubiese ocurrido lo mismo aunque en La Moncloa estuviera el PP.

Los logros de EH Bildu vienen por otro lado. Para empezar, por haber conseguido el final de la dispersión. Desde el año pasado, todos los presos de ETA –salvo media docena encarcelados en Francia– están en Euskadi y Navarra. En sí misma no es una concesión del PSOE, ya que los socialistas, sobre todo los vascos, hace tiempo que recalcaban que tras el fin del terrorismo no tenía sentido mantener el alejamiento, pero con Alberto Núñez Feijóo en el Gobierno ese proceso no se hubiese dado. O al menos, no tan rápidamente.

Porque antes de que Sánchez llegase a La Moncloa, la situación de los presos estaba bloqueada y amenazaba con convertirse en una olla a presión para la izquierda abertzale. Al fin de la dispersión se ha sumado que la gestión de las tres prisiones ubicadas en Euskadi está en manos del Gobierno vasco. Y, como aventuró hace unos años Iñigo Iruin, «no sería lo mismo si la competencia en materia penitenciaria fuera traspasada» a manos vascas.

Colaborar con la Justicia

Durante los últimos dos años se han facilitado los terceros grados y se ha avanzado en el desarrollo del artículo 100.2. Se trata de un precepto clave de la legislación penitenciaria, ya que sirve para agilizar permisos. Los recursos de la Fiscalía, que empezaban a suponer un problema para la obtención de la semilibertad, se han paralizado.

Una vez que se ha logrado el cómputo de las penas en Francia, y a la espera de saber cuál será el impacto real de la reforma, en el horizonte queda un objetivo. Y no parece sencillo de alcanzar. La derogación de la ley 7/2003, aprobada en la segunda legislatura de José María Aznar. Es la que elevó el máximo de cumplimiento de la pena a 40 años y dificulta las progresiones de grado. Porque a la exigencia de reconocer el daño causado y la renuncia expresa a la violencia, añade otros requisitos. Y entre ellos, está uno que los presos de ETA consideran una línea roja que nunca traspasarán: colaborar activamente con las autoridades. Hay más de 60 presos en esa situación y su horizonte no parece que vaya a mejorar.

La ley tendría que ser modificada en el Congreso, pero fuentes socialistas subrayan que no está sobre la mesa y que la izquierda abertzale sabe que «no hay margen para hacer nada». Al menos, a día de hoy.

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