OLATZ BARRIUSO
Martes, 22 de noviembre 2022, 13:01
«Somos la fuerza que da buenas noticias a la ciudadanía vasca y a la del Estado español. Somos útiles para mejorar la vida de la gente». Así celebró ayer Mertxe Aizpurua el acuerdo alcanzado por su grupo parlamentario, EH Bildu, con el Gobierno de ... Pedro Sánchez para respaldar los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Un paso más en la progresiva conversión institucional de la coalición abertzale, que consumó ayer el giro pragmático y «transformador» alimentado al calor del sanchismo y lo hizo, además, con una agenda más de izquierdas que nacionalista, como ya hacía augurar la primera piedra de aquel camino, el compromiso alcanzado en 2020 para derogar la reforma laboral de Rajoy que acabaría quedando en agua de borrajas no sin polémica. Una estrategia que le afianza, ya sin género de dudas, como actor central en Madrid y socio preferente y a futuro de Sánchez si el bloque de la investidura logra revalidarse tras las generales de 2023.
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En el pacto, el de «mayor calado» hasta la fecha que ha logrado su grupo, según Aizpurua, la parte del león se la llevan las 'cosas de comer', medidas sociales de las que se beneficiarán -atención-, ciudadanos de toda España, algunas tan pegadas al terreno como el impulso a 200 nuevas plazas MIR -completando así un total de 1.200 presupuestadas para 2023- para medicina comunitaria y de familia, ante la escasez de profesionales que está lastrando la Atención Primaria de todo el país. Es prioritario, advirtió la portavoz, «defender y reforzar la Sanidad pública» frente al «maltrato» de «algunos» Gobiernos autonómicos, entre los que no dudó en incluir a Osakidetza.
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La otra gran pata del acuerdo es la prórroga de las medidas vinculadas al 'escudo social' que Bildu, ajena al vértigo y ya sin tabúes para estampar su firma junto a la del PSOE, no dudó en pactar con Sánchez en pleno eco de las escuchas de Pegasus. Ese compromiso para subir un 15% las pensiones no contributivas, rubricado en junio, se prorrogará ahora un año más, hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que supondrá una media de 70 euros más al mes para un colectivo de 450.000 pensionistas, «mayoritariamente mujeres». En paralelo, se prolonga también doce meses, hasta la misma fecha, el tope del 2% a la actualización de los alquileres y se consignan 12 millones para las prestaciones a los afectados por la talidomida.
EH Bildu profundiza así en su estrategia de ganar en «respetabilidad» a través de sus acuerdos con Sánchez y ampliar su base social y electoral, al tiempo que ratifica su objetivo declarado de mantener al actual presidente en La Moncloa el máximo tiempo posible, la única vía para acercar a todos los presos de ETA y lograr que, en algunos casos, puedan ir saliendo a la calle.
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El pulso con Sabin Etxea
En el trasfondo, por supuesto, una nueva vuelta de tuerca a su pulso con el PNV por la influencia en Madrid -la plaza donde se disputa desde hace algunos años la batalla electoral vasca- y a la postre por la hegemonía en el nacionalismo en puertas de las municipales y forales de mayo de 2023. No en vano, el PNV ya recorrió antes el camino para reforzar su papel de 'gran conseguidor' más allá de las partidas para Euskadi, al sostener a Rajoy en 2018, poco antes de dejarle caer en la moción de censura, a cambio de la subida de todas las pensiones de acuerdo al IPC.
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De la importancia que esa pelea tiene en lo que se negocia en Madrid dan fe dos epígrafes. Por un lado, el acuerdo ratifica la gestión foral de los gravámenes a la banca y las energéticas, cuya paternidad reivindican también los jeltzales. El pacto mira además a Navarra, donde la socialista Chivite y Bildu han consolidado una sólida entente tras aprobar el Presupuesto foral. Ahora, Sánchez da luz verde a la transferencia de la competencia de Tráfico a la comunidad foral «antes del 31 de marzo de 2023», un traspaso problemático y muy criticado por la oposición al ejercer la Guardia Civil esas competencias. El 'caramelo' ya se lo ofreció Sánchez al PNV en 2019. Debía llegar en «seis meses» pero nunca más se supo.
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La coalición abertzale 'barre para casa' con partidas en memoria histórica, donde destacan los 3 millones de euros para acondicionar como lugar de memoria el fuerte navarro de San Cristóbal, antigua cárcel franquista, y otros 600.000 para poner ya en marcha el memorial a los trabajadores asesinados el 3 de marzo de 1976 en Vitoria. Hay dinero también para impulsar las investigaciones de la 'mano de Irulegi', digitalizar las radios en euskera e impulsar «el circo en lengua vasca», y para proyectos de la UPV, la UPNA y Mondragon Unibertsitatea.
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