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Yolanda González tenía 19 años cuando el 1 de febrero de 1980 fue secuestrada y asesinada en Madrid por el Batallón Vasco Español. Su nombre está desde este sábado en una plaza que también lleva su nombre en la Ribera de Deusto, el barrio que ... la vio nacer. Su hermano Asier ha participado en la instalación de la placa en su memoria, una iniciativa del Ayuntamiento y el Foro Bilbao por la Paz y la Convivencia. «Es una gran emoción porque representa un acto de justicia en la memoria reciente y una reparación a la familia, allegados y a los que han sufrido la violencia, en este caso de la extrema derecha», ha asegurado muy emocionado. También su hermana, recién llegada de Francia, ha dado las gracias a todos por el tributo.
La joven deustuarra vivía en el barrio de Aluche de Madrid cuando fue secuestrada en su casa el 1 de febrero de 1980. Su cuerpo sin vida apareció al día siguiente tiroteado en un camino que une Alcorcón con San Martín de Valdeiglesias. La autoría del crimen fue atribuida al Batallón Vasco Español (BVE), grupo de extrema derecha, con la acusación de secuestro, interrogatorio extrajudicial y asesinato con arma de fuego. Estudiaba Electrónica en el madrileño centro de Formación Profesional de Vallecas, militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), y compaginaba su formación académica y su participación en la política con trabajos ocasionales que le permitían una autonomía económica.
Fueron militantes de Fuerza Nueva y miembros del Batallón Vasco Español, Emilio Hellín e Ignacio Abad, quienes se presentaron en su vivienda haciéndose pasar por policías, se la llevaron por la fuerza y la metieron en un coche en el que les esperaban otros cómplices. Durante el trayecto, fue torturada y le dispararon tres veces hasta su muerte. Le acusaban sin fundamento de estar vinculada con un comando de ETA cuando ni siquiera militaba en la izquierda abertzale y condenaba de forma explícita la violencia.
La Audiencia Nacional procesó a Emilio Hellín Moro, Ignacio Abad Velázquez, José Ricardo Prieto, Félix Pérez Ajero, Juan Carlos Rodas y David Martínez Loza y en 1982 los sentenció y condenó a diversas penas. Hellín, principal encausado por el asesinato, se dio a la fuga en 1987 aprovechando un permiso penitenciario, a pesar de ser considerado por los Servicios Penitenciarios un interno de alto riesgo, tras haber protagonizado años antes un intento de fuga a mano armada de la cárcel de Alcalá de Henares. Se refugió en Paraguay recibió protección del régimen militar de Alfredo Stroessner.
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