Begoña Gómez rompe su silencio ante el juez: «No me contratan por ser esposa del presidente»

Avalancha de explicaciones en un giro medido en la estrategia de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado. Tras ocho meses de silencio y después de tres intentos fracasados de que la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Madrid dieran carpetazo a la causa, este miércoles la mujer de Pedro Sánchez decidió tratar de defenderse de manera activa y, por primera vez, respondió preguntas en sede judicial, aunque solo a las de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.

En el interior de la sala de vistas de la tercera planta de los juzgados, blindada por una quincena de policías y cinco integrantes de la seguridad privada y en cuyos aledaños pudo estar este periódico, una Begoña Gómez vestida de nuevo completamente de negro contestó «de forma tranquila», según los presentes, a las preguntas.

En total, fueron 35 minutos de respuestas a una treintena de cuestiones preparadas al milímetro con su defensa. Ni siquiera la Fiscalía, que en este procedimiento ha pedido en numerosas ocasiones que el archivo, pudo preguntar, lo que propició que la investigada y su abogado pudieran explayarse sin problemas en una suerte de alegato exculpatorio que abarcó los últimos doce años de trayectoria profesional de Begoña Gómez.

El guion diseñado por Camacho y escenificado por su cliente, de hecho, fue mucho más allá del objeto para el que la investigada había sido convocada este miércoles: defenderse de dos nuevos cargos, los de apropiación indebida e intrusismo profesional, que suman a los que ya se le imputaban de presunta corrupción privada y tráfico de influencias.

Unos delitos enmarcados en la supuesta explotación o apropiación del famoso software (programa informático) que fue diseñado en el seno de su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) y financiado por empresas colaboradoras de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero que acabó siendo ofrecido «de forma gratuita» a través de una web particular de la esposa del presidente.

«Nunca quise cobrar por el uso de la plataforma, estaba definido sin ánimo de lucro, sin coste, a disposición de la universidad. Y nunca, jamás, se inscribió en el registro de propiedad intelectual. Además, nunca estuvo operativa la plataforma, estaba en periodo de pruebas al 80% de su creación», declaró la investigada.

Sobre su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, también imputado y profesor de su cátedra universitaria, y las cartas de recomendación que le escribió para acceder al concurso de contratos públicos, Gómez afirmó que «jamás» hizo alguna gestión sobre estas adjudicaciones y que sus «cartas modelo apoyaban el proyecto, no a la empresa». Una labor que también realizó para firmas como Microsoft, Orange, IBM o el Ayuntamiento de Madrid con el PP, pero que luego «no tuvo conocimiento» del desenlace de los contratos.

Gómez volvió este miércoles a tener un trato especial en su visita a los juzgados por motivos de seguridad. La decana de los tribunales de Madrid, María Jesús del Barco, autorizó que, una vez más, accediera a la sede judicial a través del garaje, evitando así la nube de periodistas y curiosos a las puertas de esa sede. Todo ello por el «posible riesgo para su integridad física». Así las cosas, la comitiva de la mujer del presidente llegó al juzgado poco después de las 9:30 de la mañana entre un fuerte despliegue de seguridad de la Policía Nacional en el exterior, pero también en el interior, donde había 15 policías y cinco agentes de seguridad privada para impedir que nadie se acercara a la imputada.

La decana accedió a la petición de María Marcos Salvador, directora del Departamento de Seguridad de Presidencia, que había solicitado esta prebenda porque, argumentó, «existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente» contra Gómez, lo que, según Moncloa, «da lugar a que en ocasiones se produzcan interpelaciones insultos a través de megafonía, con exhibiciones diversas pancartas, tanto a la entrada como a la salida de la investigada». Un puesta en escena organizada por la asociación provida Hazte Oír, acusación popular en esta causa.

De hecho, la autorización del Decanato para el uso del garaje recogió que la Delegación del Gobierno ya ha advertido que hay una convocatoria de la organización ultraconservadora a las puertas de los juzgados para este 18 de diciembre.

Se trata de la tercera vez que la esposa del presidente del Gobierno obtiene autorización para no hacer el 'paseillo'. El pasado 5 de julio, en su primera citación fallida como investigada, ya pudo entrar por el garaje, situación que se repitió el 18 de julio, cuando ya fue citada con todas las garantías y con toda la documentación a su alcance, aunque entonces se negó a declarar.

En un principio, el juez había citado a la esposa del presidente el pasado 18 de noviembre, pero Gómez pidió posponer el trámite ya que en esas fechas acompañaba a su marido a Brasil dentro de la comitiva oficial española a la cumbre del G-20 en Río de Janeiro.

Begoña Gómez estaba citada las 10 horas. Una hora después compareció, también como imputado, Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School desde 2010 y exconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre.

Güemes, que el pasado 18 de noviembre declaró como testigo en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, durante el interrogatorio y sobre la marcha fue informado de que se convertía en el cuarto investigado en estas diligencias previas. Fue el directivo que supuestamente ordenó contratar a la mujer de Pedro Sánchez como directora del África Center, dependiente del IE, al poco de la llegada de éste a Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Gómez ocupó este cargo entre agosto de 2018 y junio de 2022.

La imputación de Güemes está directamente relacionada con la declaración del pasado octubre de la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE), Sonsoles Blanca Gil de Antuñano. Ésta señaló ante el magistrado que el exconsejero fue la persona que le ordenó la contratación de Gómez, sin dejarle opción alguna.

Pues bien, en su declaración de este miércoles Güemes respondió de forma muy concisa a las diversas preguntas que le ha ido formulado su letrado y, así, negó que durante el proceso de negociación ni Sánchez ni personas de su entorno le manifestaron al IE o a él interés alguno por que se llevara a cabo. «No fue contratada por ser la mujer del presidente», dijo, según fuentes jurídicas. Del mismo modo, sostuvo que todas las reuniones que mantuvo con ella tuvieron lugar en sede del IE, nunca en La Moncloa, y que fue él y nadie más quien dio la orden de contratarla por su experiencia.

Por otro lado, explicó que su labor «no fue ni deficiente ni negativa» y que el salario que percibió salió de fondos de la Fundación del Instituto Empresa, que son de naturaleza estrictamente privada.