Barones socialistas se rebelan contra la gestión vasca de los nuevos impuestos

El malestar de los dirigentes socialistas lo expresó este domingo el madrileño Juan Lobato, quien fue aupado hace un año por el propio Sánchez al liderazgo de la federación. Tras una semana en la que ya se había desmarcado de la reforma del delito de malversación exigida por ERC, el secretario general del PSOE-M planteó que el País Vasco debe establecer el impuesto a las grandes fortunas en los mismos términos que el resto de las comunidades, al menos mientras no se modifique el actual sistema de financiación autonómica. «Si no se va a tocar el modelo, lo lógico es que lo apliquen ellos también», aseguró en una entrevista en Europa Press.

Sin embargo, eso no entra en los planes del PNV ni del PSE-EE, socios de coalición tanto en el Gobierno vasco como en las tres diputaciones forales, competentes en materia impositiva. Ambas formaciones diagnostican que el actual Impuesto de Patrimonio ya es «suficientemente alto» y que la nueva tasa está más pensada para aquellas regiones en las que no se aplica o se hace en menor medida, especialmente las presididas por el PP. El plan vasco pasa por incluir en el Concierto Económico esta nueva figura impulsada por el Ejecutivo central para, inmediatamente después, establecer una exención total y neutralizar por completo sus efectos.

En cambio, Lobato, que es funcionario del Cuerpo Técnico de Hacienda, aun reconociendo el encaje constitucional del régimen foral vasco, considera que debe estar presente el «modelo de corresponsabilidad fiscal» entre todas las comunidades. Una fórmula que llama a incluir en el futuro sistema de financiación autonómica, un deber que lleva años sobre la mesa pero que no se prevé resolver en lo que resta de legislatura. Entonces sí, una vez hecha la reforma, propone el dirigente socialista, se podría dar la opción de «que decidan ellos (Euskadi) si aplican o no, pero igual que el resto de comunidades autónomas; por ejemplo, Madrid».

El debate promovido por Lobato sobre el impuesto a las grandes fortunas toma el testigo del que otros barones socialistas iniciaron cuando el Ministerio de Hacienda concertó con las tres diputaciones forales la gestión de las tasas a energéticas y bancos. La principal voz en aquel caso fue la riojana Concha Andreu, también cercana a Sánchez. «Si Navarra y País Vasco van a recibir por su foralidad unos beneficios por esos impuestos extra, La Rioja también lo va a exigir. Esa compensación nos la merecemos por ley», indicó la presidenta en referencia al artículo 46 del Estatuto de Autonomía, que prevé compensaciones por el 'efecto frontera' de los regímenes forales vasco y navarro.

Las reclamaciones se extendieron también a otras comunidades gobernadas por el PSOE como Aragón y Comunidad Valenciana. «Los valencianos queremos ser vascos y navarros», llegó a decir Joan Baldoví, diputado de Compromís, socio de Ximo Puig en la Generalitat. También Cataluña aspira a lograr una fórmula parecida para poder gestionar ambas tasas. El representante de ERC Joan Margall desveló en el Congreso que su formación no había podido conseguirlo por ahora, pero recalcó que «sigue siendo un objetivo y seguiremos trabajando por ello».