Iñaki Subijana | Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
«Bajo ningún concepto cabe exigir responsabilidades políticas a los jueces»Iñaki Subijana | Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
«Bajo ningún concepto cabe exigir responsabilidades políticas a los jueces»Sábado, 23 de diciembre 2023
Iñaki Subijana Zunzunegui (San Sebastián, 1963) trata de mantenerse dentro de su papel institucional como presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), pero no oculta su malestar con el enquistamiento que vive la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ... deja claro que, aunque las comisiones de investigación reclamadas por Junts en el Congreso para analizar el trabajo de los jueces vinculados con el 'procés' tienen cabida en la Constitución, su recorrido tiene que ser limitado.
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– ¿Comparte la reflexión de Vicente Guilarte, presidente del CGPJ, sobre los «efectos devastadores» que tienen los «frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial»?
– Vivimos un escenario donde la propia situación del ConsejoGeneral del Poder Judicial, con su mandato caducado desde hace cinco años, introduce elementos de desconfianza en los ciudadanos, de pérdida de credibilidad en lo institucional. Y ahí tenemos que insistir bastante.
– ¿Pero se siente identificado con ese «déjennos en paz» lanzado por Guilarte a los políticos?
– Yo me siento identificado con la necesidad, que llevo años reclamando, de que el Congreso y el Senado cumplan la función constitucional que tienen. Es a ellos a los que les corresponde la designación de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial.
– ¿No se siente desamparado ante declaraciones como las de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, cuando carga de forma directa contra los jueces?
– Lo que creo es que, en nuestro sistema, los jueces y las juezas estamos sujetos a un ordenamiento jurídico y a una responsabilidad jurídica, no a una responsabilidad política.
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– ¿Eso significa que los jueces que sean llamados no deberían comparecer en las comisiones de investigación abiertas en el Congreso?
– Eso significa que el marco de responsabilidad de los jueces y magistrados viene fijado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y es ahí donde se establecen los diversos planos de la responsabilidad.E insisto, no hay espacio ni campo para la responsabilidad política.
– ¿Son esas comisiones de investigación un punto de inflexión en el choque entre los diferentes poderes del Estado?
– Lo que creo es que esas comisiones, que están previstas en la propia Constitución, tienen su campo natural de actuación, pero no cabe bajo ningún concepto la posibilidad de exigir responsabilidades políticas a jueces y magistrados. El único campo que existe es el de la responsabilidad jurídica.
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– La APM, que es la asociación mayoritaria, traslada que el Gobierno de Pedro Sánchez les está dejando a los pies de los caballos. ¿Lo comparte?
– No suelo hacer valoraciones de lo que son pronunciamientos asociativos. Yo me desenvuelvo en el ámbito institucional, que es el que me corresponde.
– ¿Y como presidente del TribunalSuperior de Justicia delPaís Vasco no ve una intromisión del Ejecutivo y de los partidos en la labor de los jueces? Los vocales conservadores del CGPJ sí lo consideran.
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– Lo que veo es una necesidad cada vez más acuciante para que se proceda a la renovación del Poder Judicial, y que a partir de ahí adopte las decisiones en materia de nombramientos que tiene que tomar y que afectan a todos los ámbitos. Esa es la respuesta que en este momento es precisa y necesaria.
– Hace unas semanas usted expresó un voto discrepante cuando sus compañeros en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior decidieron concentrarse frente a su sede para denunciar las alusiones al 'lawfare' en el acuerdo PSOE-Junts. ¿No le alarmaron esas referencias?
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– No hice ningún examen del contenido de lo que es el acuerdo entre dos partidos. Lo que plasmé es que entendía que la Sala de Gobierno no tenía competencias para llevar a cabo un pronunciamiento sobre el contenido de un pacto político.
– ¿Pero qué le parecieron esas alusiones?
– Sería contradictorio que como presidente del Tribunal Superior hiciese ahora un pronunciamiento sobre esta cuestión cuando en el voto particular dejaba claro que no tenía sentido hacerlo.
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– ¿No es una demostración de que esa fractura política también se está trasladando al ámbito judicial? La mayoría de los jueces que votaron a favor son cercanos a la APM y usted a Jueces y Juezas para la Democracia.
– Espero que no sea así. Cuando me pronuncio como presidente del Tribunal Superior de Justicia lo hago en un plano estrictamente institucional, no como miembro de una asociación, en la que, además, no participo activamente.
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– Hace un año se acababan de romper las negociaciones entre el PSOE y el PP para renovar el Poder Judicial. Usted hablaba de «estupor», lamentaba la perdida de confianza en la sociedad y decía que la situación era «insoportable» y que no se podía aguantar otro año así.
– Utilizaría los mismos calificativos que hace un año, y ya entonces me parecía inimaginable. Lo que me preocupa es el nivel de deslegitimación y de desconfianza que genera en la ciudadanía.
– ¿Ayuda a ganar credibilidad que algunos altos cargos de la Justicia, ya sean magistrados o fiscales, tengan un reciente pasado político tan marcado?
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– Creo que cuantas más adhesiones genere un nombramiento, mejor, porque añade un elemento adicional de legitimidad. Pero eso no significa que una persona con un pasado político no tenga legitimidad. Ésta vendrá determinada por el modo y la manera que ejerza esa función.
– ¿Se sienten agotados de pedir algo que parece imposible de cumplir?
– No quiero hablar de agotamiento, pero es indudable que genera un desgaste.
– ¿Tiene encaje constitucional el proyecto de ley para tramitar la amnistía?
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– Tiene encaje constitucional que el Legislativo pueda aprobar una ley orgánica reguladora de la amnistía. La Constitución, lo he dicho más de una vez, no lo prohíbe. Y si no lo prohíbe es posible hacer el debate.Otra cosa es el contenido concreto de esa proposición, que deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional.
– ¿Ve que se vaya a solucionar a corto plazo la carencia de jueces que existe en el País Vasco?
– No me lo parece.
– ¿Tan malas son las perspectivas?
– Las unidades judiciales que estaban previstas son 70 a nivel estatal. A nosotros como máximo nos tocan dos y estamos 7 u 8 puntos por debajo de los niveles de la UniónEuropea. Pues evidentemente la respuesta es no.
– ¿Cuál sería el número de jueces que harían falta para el normal funcionamiento de la Justicia en Euskadi?
– Estaríamos hablando de unas 25 o 30 unidades judiciales para hacer frente a los puntos más vulnerables, que son, básicamente, los juzgados de instancia de las tres capitales. Pero el número para alcanzar el nivel de suficiencia rondaría las diez o quince plazas.
– ¿Que solo 17 de los 248 jueces que ejercen en Euskadi puedan hacer un juicio en euskera no es un dato muy duro?
– Es un dato llamativo, pero quizá no sea correcto.
– Los datos los dio el Gobierno vasco, en concreto, Jaime Tapia.
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– El dato que tenemos nosotros es que hay 46 jueces y juezas que tienen reconocido el mérito de euskera.
– Tampoco son demasiados.
– Nosotros formamos parte de un poder del Estado. Saber euskera no es un requisito, lo que establece la ley es que conocer un idioma cooficial, en este caso el euskera, es un mérito. Pero hay que dejar claro que cualquier ciudadano, profesional o testigo puede dirigirse al tribunal en euskera. Evidentemente, sería deseable que todos los jueces conociesen el euskera y en eso se está trabajando. Porque tengo que decir que a pesar de la carga de trabajo, del déficit de personal y de la saturación, hay un número importante de jueces y juezas que están realizando un esfuerzo para saber euskera. Tenemos que poner luces sobre este tema y ver que hay 46 jueces con competencias, un número adicional que lo estudian compatibilizándolo con su trabajo... Y otra cosa, para que haya un juicio en euskera no solo hace falta que lo conozca el juez, también los abogados, los fiscales...
– ¿Ve una campaña contra los jueces a raíz de las sentencias que han cuestionado el peso del euskera para acceder a determinados trabajos?
– Bueno, evidentemente ha habido manifestaciones críticas con determinadas decisiones judiciales sobre el euskera.
– ¿Pero no ve una campaña contra los jueces?
– No tengo elementos para apuntar a ello. Tengo elementos para trasladar que ha habido una campaña pública de cuestionamiento de determinadas decisiones al margen de su contenido.
– Su antecesor, Juan Luis Ibarra, aseguraba hace poco que le traían «ecos» de las «campañas del MLNV». ¿Lo comparte?
– Ni comparto ni dejo de compartir opiniones. Pero fue una reflexión profunda.
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