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Los jóvenes vascos querrían tener dos hijos y emanciparse a los 24 años. Pero la cruda realidad es que la tasa de maternidad es de 1,28 niños por mujer y acaban yéndose de casa pasada la treintena. Expectativas frustradas por motivos fundamentalmente ... económicos que, de seguir así, tendrán preocupantes consecuencias en nuestro futuro como sociedad. En tres décadas, Euskadi contará con 220.000 personas menos en edad laboral y prácticamente la mitad de su población estará jubilada, lo cual pondrá en jaque la sostenibilidad de políticas sociales como las pensiones. La crisis demográfica es ya, por una cuestión de pura supervivencia, una prioridad política.
El Parlamento vasco ha debatido este miércoles largo y tendido al respecto y alcanzó trascendentales acuerdos. Allí el lehendakari, Iñigo Urkullu, presentó las nuevas medidas que contempla una estrategia centrada en incentivar la natalidad y la emancipación juvenil. La principal propuesta es la creación de una ayuda directa de 200 euros al mes por hijo a cargo hasta los tres años. La prestación costará 145 millones anuales a las arcas públicas, entrará en vigor el año que viene, la podrán cobrar familias que no superen una renta estandarizada de 100.000 euros y será compatible con las actuales deducciones fiscales y ayudas por hijo de la RGI. Es decir, al menos 2.400 euros al año para facilitar la crianza durante los primeros pasos de la vida.
La ayuda no será de carácter retroactivo, pero los nacidos antes de su entrada en vigor sí tendrán acceso a las mensualidades que les resten desde ese momento hasta cumplir los tres años. La cuantía de la prestación supone un importante incremento respecto al escenario actual. Desde el último acuerdo interinstitucional en 2018, se concede un único pago de entre 400 y 900 euros, en función de la renta, por el nacimiento del primer hijo; con el segundo, la misma cantidad anual hasta los tres años; y con tercero y sucesivos, hasta los seis. En este último supuesto, ahora se accederá primero a la nueva ayuda mensual de 200 euros y después a esas tres anualidades extra según los ingresos de los progenitores.
La reforma en las políticas de natalidad se quiere alinear ahora con los criterios de Unicef, que en sus 'Programas de los 1.000 días' incide en el «carácter determinante de los tres primeros años de vida para el futuro de un niño» y recomienda a las administraciones que centren ahí sus inversiones. Sin embargo, agentes como Hirukide, la Federación de Familias Numerosas, lamenta que las ayudas no se extiendan más allá de esa edad y, por tanto, se deje fuera a los que ya tienen vástagos mayores de tres años. «Un hijo sigue requiriendo un gasto muy elevado también después de esos mil días», sostiene su presidenta, Natalia Díez-Caballero, que, si bien querría «mayor amplitud de miras», aplaude las nuevas medidas.
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A la propuesta estrella del plan se unen otras iniciativas que pretenden facilitar la crianza de los hijos. Una de ellas pasa por la gratuidad de la etapa 0-2 años, para lo que se «reforzará» el Consorcio Haurreskolak. La otra gran pata en la que se apoya la nueva estrategia es la emancipación de los jóvenes vascos, que se van de casa cuatro años más tarde (30,2) que la media europea (25,9). Tras ampliar el programa Gaztelagun, el Gabinete Urkullu se propone ahora habilitar también préstamos subsidiados o sin intereses para proyectos de emprendimiento, formación o vivienda que se devolverían a largo plazo.
La nueva estrategia demográfica, que quedará aprobada en junio, incorporará propuestas de la oposición que se han acordado este miércoles en un pleno monográfico, a instancias de EH Bildu, en el que Urkullu reclamó «un gran consenso». La coalición abertzale, aunque defraudada por los «escasos» entendimientos, ha arrancado el compromiso de PNV y PSE de revisar las tarifas del transporte público para aplicar descuentos a niños y jóvenes, y de elaborar un plan para ordenar el relevo generacional en el ámbito laboral.
Elkarrekin Podemos-IU ha logrado una ampliación de las plazas públicas en la etapa 0-3 años con un avance hacia la gratuidad, así como la extensión progresiva hacia las 18 semanas de permiso de maternidad y paternidad en el sector privado. Por su parte, PP+Cs ha introducido, entre otros, la elaboración de un plan de empleo juvenil y una especial atención a familias numerosas, monoparentales y con personas dependientes a su cargo. De Vox no se ha admitido ninguna iniciativa.
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