Así no se ayuda a descubrir la verdad

Desde que se incoaron la diligencias previas en 1985, hay que indicar que la instrucción de este caso ha resultado un fracaso, pues como constata la Audiencia de Gipuzkoa en su auto de julio de 2010, «tras 25 años de investigación judicial, siguen vigentes hasta tres hipótesis causales compatibles con las leyes de la causalidad general para explicar la muerte de D. Mikel Zabaltza». Una de las tres es la que se refiere a la muerte por asfixia producida durante los interrogatorios bajo la aplicación de la tortura que representa la colocación de la bolsa de plástico en la cabeza que puede provocar el ahogamiento. Esta hipótesis, contemplada como posible junto a las otras dos por los médicos forenses, carecía de pruebas complementarias que la confirmaran para que pasara del estadio de lo posible, al ámbito de lo jurídicamente más razonable o más lógica de entre las tres.

Esta insuficiencia probatoria se daba porque algunos testigos, especialmente los periodistas que intervinieron, se acogieron al secreto profesional para no desvelar sus fuentes de información. Especial mención merecen en este comentario los documentos hallados en el registro de la celda del excoronel Perote, donde se hace referencia a que Zabalza fue muerto mientras era torturado. En una declaración posterior en otro sumario, manifestó que lo recogido en el documento anterior era transcripción de una conversación con el capitán Gómez Nieto, constando la grabación en el CESID. El ministro de Defensa Eduardo Serra negó que en el centro existiera nada que pudiera esclarecer la muerte de Zabalza. A la vista de ello la Audiencia de Gipuzkoa consideró que lo manifestado por Perote no había quedado validado y que sus declaraciones no tenían «una mínima calidad convictiva».

Hoy sabemos que lo manifestado por Perote sobre la existencia de la grabación de la conversación es un hecho cierto. Hoy estamos en condiciones técnicas de comprobar la autenticidad de la misma y de si la voz es la de Gómez Nieto, de avanzar en la instrucción del 'caso Zabalza', pues hay un medio de prueba que en el sobreseimiento anterior no existía fácticamente. Hoy estamos en condiciones de ofrecer una salida a la 'impotencia investigadora' a que se refería el juez de instrucción en 2009. Hoy, la contribución del Gobierno se vuelve necesaria, acordando la desclasificación de la información de carácter secreto que pueda existir en el CESID. Lo que resulta lamentable es comprobar que el PSOE, junto con PP y Vox, se oponga en el Congreso a esa desclasificación que tan necesaria resulta para ayudar a descubrir la verdad y a hacer justicia.