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Martes, 8 de octubre 2024
«No entendemos que en el Congreso de los Diputados todo el mundo vote sin saber qué está votando. No entendemos qué políticos tenemos.¿Es ... que no se leen lo que van a votar, lo que van a aprobar? Nos parece terrible». Maite Araluce, presidenta de la AVT, expresaba ayer de forma gráfica la mezcla de indignación y estupefacción en la que viven las víctimas del terrorismo después de saberse que una reforma legal adelantará la excarcelación de varios presos de ETA –muchos con delitos de sangre– y que salió adelante a mediados de septiembre con el aval de todos los grupos. PP, Vox y UPN han reconocido que se equivocaron y tratan de maniobrar para paralizar el trámite, pero Araluce avisa de que a estas alturas «no se puede hacer nada» y exige «dimisiones».
El malestar de los principales colectivos de damnificados se escenificó este martes en Vitoria, donde se celebra una Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo con la asistencia del Rey. El enfado es mayúsculo. Y tiene que ver tanto con la forma como con el fondo.
La reforma de la ley 7/2014 permitirá descontar las penas cumplidas en otros países de la UE. La medida afecta a todos los reclusos, independientemente de su delito, pero los grandes beneficiados serán los miembros de ETA que pasaron por cárceles francesas. Según los cálculos de la AVT, alrededor de 40 miembros de la banda verán cómo se acelera su excarcelación. Xabier García Gaztelu, 'Txapote', que iba a salir en 2031, lo podrá hacer el año que viene, lo mismo que José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri'; Aitzol Gogorza debería ser puesto en libertad de forma inmediata, por poner tres ejemplos.
La modificación fue incluida a través de una enmienda de Sumar y el propio Gobierno, por medio del ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendió este martes su validez e insistió en que todo se limita a una trasposición de una directiva europea. Que en ningún caso forma parte de lo que Alberto Núñez Feijóo define como un «pago encapuchado» a EH Bildu por su apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso.
Pero tanto para la AVT como para Covite se trata de «un nuevo atropello». «Este Gobierno está trabajando muchísimo por los terroristas, para que salgan cuanto antes a la calle, y a las víctimas nos tienen olvidadas. Nuestro sufrimiento no prescribe», denunció Araluce, quien criticó que las víctimas están «olvidadas», que los terroristas salen a la calle «sin arrepentirse y sin colaborar con la Justicia» y que desde el Ejecutivo se les había asegurado que esto no iba a pasar. «Nos han vuelto a mentir».
En una línea muy similar se expresó la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez: «Los crímenes por los que cumplen condena en Francia son diferentes a los crímenes por los que cumplen en España; es algo que se ve claro cuando pensamos en un violador asesino pero que con los etarras no sucede». «Se está cumpliendo la hoja de ruta y las exigencias de ETA de vaciar las cárceles», recalcóOrdóñez.
Genera «ansiedad»
El malestar, en todo caso, no se queda solo en la aprobación de una reforma legal sobre la que la AVT venía advirtiendo desde hace dos años y que tras ser desvelada este lunes por 'El Confidencial' provocó «ansiedad» en muchas víctimas. Porque lo que ha añadido «dolor» y desolación al colectivo es tanto lo que se aprobó como la forma en que se hizo.
El texto fue ratificado a mediados de septiembre primero por la comisión de Justicia del Congreso y luego por el pleno. En ninguno de los dos casos se habló de que podía beneficiar a los presos de ETA. No lo hicieron ni los representantes de los partidos del Gobierno ni EH Bildu. Pero tampoco el PP, Vox o UPN. Es más que probable que sin el aval de los populares o de los de Santiago Abascal la iniciativa hubiera salido igualmente adelante gracias a los votos de la mayoría de la investidura, pero el «error» asumido por el PP ha generado un indisimulado enfado en las víctimas, donde crece una sensación de orfandad. «¿Quién nos defiende? Es terrible e indignante», resumió Araluce.
La presidenta de la AVT reconoció que Feijóo,Abascal y Cristina Ibarrola (UPN) le llamaron el mismo lunes por la noche para pedirle «disculpas» y para recalcar que «van a hacer todo lo posible para retrasarlo» gracias a la mayoría absoluta que el PP tiene en el Senado. Pero, según la presidenta de la AVT, «no se puede hacer nada» salvo que el Gobierno dé marcha atrás, algo que no sucederá.
Y, visiblemente indignada, resumió su sentir: «Que pidan perdón está bien, que reconozcan sus errores, pero nos gustarían dimisiones. Alguien tiene que asumir su responsabilidad y dimitir o que lo cesen.No entendemos cómo tenemos unos diputados que no se leen lo que están votando». Igual de duro se mostró Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia: «Nadie ha engañado al PP ni a Vox, el proceso ha sido totalmente transparente desde el principio. No tienen disculpa».
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