El PNV, contra la autonomía (de los demás)

La rebaja de impuestos anunciada por Isabel Díaz Ayuso es muy discutible. Tanto como cualquier cuestión con una profunda carga ideológica. Y tanto como legítima y legal. Con ella Madrid no hace sino aplicar la potestad de las regiones de régimen común de aumentar o reducir con ciertos límites los tipos del IRPF, del que les ha sido transferido un 50%. Ninguna otra comunidad ha ido tan lejos en ese terreno como el gran escaparate del PP, que, con una mezcla de liberalismo y populismo, presume de contar con los menores tributos del país. Ello choca con sus reiteradas quejas por su escasez de recursos a causa de un supuesto maltrato en la financiación. Y con la supresión del Impuesto de Patrimonio y casi del que grava las donaciones y sucesiones. Esa reducida fiscalidad le ha permitido atraer grandes patrimonios del resto de España -su gran objetivo- y, así, recaudar más en una estrategia a cuyo éxito no son ajenas las ventajas que aporta la capitalidad y su condición de autonomía más rica.

Detrás de los ataques del lehendakari al presunto «dumping fiscal» de Madrid está la feroz competencia por esos contribuyentes. El Concierto, que otorga a Euskadi casi una soberanía tributaria, le concede un amplio margen para ir más allá que Ayuso para retenerlos. Asumiendo riesgos como en cada una de sus decisiones en ese ámbito. En vez de utilizar la autonomía propia para combatir esa situación si tan preocupante le parece, resulta curioso que el PNV pretenda que los demás no empleen la suya como crean conveniente o la vean recortada, y que incluso cuestione su legalidad sin aclarar los motivos ni recurrir a los tribunales.

Iñigo Urkullu tiene todo el derecho a criticar el modelo ideológico que subyace en la estrategia de bajos impuestos de la baronesa, que beneficia sobre todo a una selecta minoría: la más pudiente. Y a defender una fiscalidad más alta. Pero es dudoso que a Euskadi le interese reabrir un debate que vuelve a situar en el foco su singular sistema de financiación, una incuestionable ventaja competitiva de nuestra comunidad. Y que el Gobierno vasco gane nada en una comparación entre la calidad de los servicios públicos que presta Madrid y los de nuestra comunidad si se toma como referencia el gasto por habitante.