Autogobierno reconocido y debido

Este comportamiento mercantilista ha perjudicado gravemente nuestro instrumento de autogobierno, pues la exigencia legítima de su cumplimiento se percibe en buena parte de la opinión pública española, gracias a la opinión publicada, como la expresión de la insaciable e insolidaria demanda de los vascos que se aprovechan de la inestabilidad política en España para formular exigencias que en otras circunstancias nunca se atenderían. De ahí que durante los últimos años cualquier acuerdo logrado se ha combatido, especialmente por el PP, tildándolo como una cesión inadmisible a los vascos o como una rendición de Sánchez ante el PNV a cambio de sus votos en el Congreso o, simplemente, en la versión más peregrina, para que el lehendakari acuda a la Conferencia de Presidentes, como la que se celebra hoy en Salamanca.

Cuando realmente, en un ejercicio de responsabilidad política y mediática, lo que debería ser objeto de examen es el contenido material de los acuerdos suscritos y su encaje estatutario. Constituyen una auténtica vergüenza jurídica las manifestaciones realizadas estos últimos tres meses con motivo del acuerdo para la transferencia de los centros penitenciarios, como si tal materia fuera ajena al Estatuto. Argumentos vergonzantes, que se podían extender igualmente a la transferencia de 75 km de la autopista AP-68 o a la transferencia del edificio donde se ubica el Distrito Marítimo de Ondarroa. Se fabrica con ello la idea de que el autogobierno no es algo debido legalmente, sino que se está ante un acto de mera concesión.

Ello constituye la mayor desnaturalización de lo que representó y representa el autogobierno estatutario. El Estatuto no es una 'carta otorgada' por el poder central a los vascos, sino fruto del pacto logrado entre los representantes de la Comisión Constitucional y los de la Asamblea de Parlamentarios Vascos, que se ofreció para su ratificación en referéndum a la ciudadanía. La legitimación política y legal del Estatuto reside en la propia voluntad de los vascos que mayoritariamente aceptaron el proyecto pactado. Su aprobación como ley orgánica no solo obliga a las instituciones vascas, también a las españolas; las cuales no están facultadas ni habilitadas para convertir un pacto político entre dos en un contrato unilateral de concesión.