La Audiencia Nacional requisa bienes a 50 exreclusos de ETA para pagar 8 millones a sus víctimas

Entre los investigados se encuentran al menos diez miembros de ETA, entre ellos algunos históricos de la banda, como Idoia López Riaño, alias 'la Tigresa, Mercedes Galdós o Enrique Viteri. El resto, más de 40, son responsables de acciones de violencia callejera, constitutivas también de delitos terroristas al formar parte de la estrategia diseñada por la banda criminal.

En el marco de esta operación, bautizada como 'Zerga' (impuesto, en euskera) y que sigue abierta, la Guardia Civil se ha incautado de al menos cuatro vehículos, entre ellos una autocaravana. Uno de ellos era un vehículo Toyota RAV4, propiedad de Roberto Carlos Vecino Santamaría, que estaba aparcado en el polígono industrial Beurko de la localidad vizcaína de Barakaldo. También ha retirado en el boulevard de Salburua, en Vitoria, una furgoneta blanca propiedad de un condenado por terrorismo, según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno en el País Vasco. Asimismo, la Guardia Civil ha identificado 14 propiedades inmobiliarias, entre ellas viviendas, locales comerciales y plazas de aparcamiento ubicadas en los tres territorios vascos, así como en Navarra y La Rioja.

El Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, lo que impedirá su venta o transmisión si no se procede previamente al pago de la deuda.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil durante el último año tras comprobar cómo numerosos miembros de ETA y su entorno, a pesar de no haber satisfecho las deudas económicas contraídas por sentencia firme, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas que les repercutían beneficios económicos «sin que realizaran acción alguna para satisfacer las referidas obligaciones», señalan fuentes del Ministerio de Interior.

Por ello, las autoridades han procedido al bloqueo y embargo de más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras, mientras se ha intervenido en una treintena de nóminas de aquellos investigados que han resultado estar asalariados. Para ello, se ha cursado una orden a las empresas para las que trabajan, a fin de que se les retenga la parte de la nómina que supere el salario mínimo interprofesional con el fin de que sea destinada a resarcir a sus víctimas.

Según Interior, esta operación pone de manifiesto que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tras el anuncio de ETA de su disolución, «seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, sean estas del tipo que sean, incluidas las económicas». Por ello, prometen investigar la localización y detención de «todos aquellos terroristas que tengan causas pendientes con la Justicia».